Dos semanas antes de la más fuerte tragedia reciente de Ciudad Juárez, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, advirtió respecto a los migrantes llegados desde el sur a esta urbe fronteriza o devueltos de Estados Unidos: “La verdad es que nuestro nivel de paciencia se está agotando (...) Vamos a tener una postura más fuerte en este sentido, en cuidar la ciudad (…) ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido” (https://bit.ly/3zePMD4).

Las palabras del presidente municipal tenían como contexto diversos incidentes, entre ellos el intento de un grupo de migrantes de entrar por la fuerza a Estados Unidos a través de un puente internacional. Pérez Cuéllar fue panista durante 29 años y se subió a la ola morenista en años recientes; ha sido señalado, como la gobernadora Maru Campos, de haber recibido apoyos económicos para fines políticos y electorales de parte del ex gobernador priísta César Duarte Jacques.

El presidente municipal pidió a la población no dar dinero a los migrantes. Dos semanas después se realizó en calles y cruceros una redada en su contra y fueron llevados a la cárcel del Instituto Nacional de Migración, llamada de manera eufemística “albergue” o estación migratoria provisional. Ahí sucedió la muerte por incendio de casi 40 personas.

Ayer se anunció que se esperan órde-nes de aprehensión contra agentes de migración, de la policía estatal, de policía privada y un migrante al que acusan de haber iniciado el incendio. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, fijó una postura que de inicio es procesalmente adecuada, pero habrá de verse si se pretende dejar todo en niveles inferiores: “Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”.

La conferencia de prensa a ratos fue trastabillante, pues la secretaria Rodríguez y la fiscal de derechos humanos de la tortuguesca Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, sólo contaban con algunas líneas en firme para exponer, y lo demás lo dejaron a la expectativa de investigaciones por venir. Eso sí, “hasta las últimas consecuencias”.

Sin embargo, resulta preocupante que el discurso oficial inmediato se centre en las responsabilidades individuales menores y no en lo estructural ni en los altos mandos, estatal y nacional, que han propiciado la existencia de esas cárceles migratorias que sirven para la extorsión y el maltrato sistemáticos, hasta llegar a niveles de criminalidad terminal.

En Ciudad Juárez, el responsable de la cárcel migratoria es el contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero, quien “cuando inició el motín o protesta, y empezaron a quemar colchones, ordenó que cerraran la reja y que (los empleados) se salieran y los dejaran morir (a los migrantes)”, según ha declarado el abogado Jorge Vázquez Campbell que le aseguraron tres empleados del INM a los cuales representa en la solicitud de un amparo judicial. Según ese dicho, las instrucciones del vicealmirante se dieron en el curso de una llamada telefónica que podría ser rastreada (https://bit.ly/40QdFN3).

Francisco Garduño, titular nacional del INM, ha sido citado a comparecer por el Senado, cuya mayoría dominante guinda no quiso llamar a cuentas también a los secretarios Ebrard (SRE) y López Hernández (Segob), quienes combinan el cumplimiento de sus obligaciones oficiales con sus precampañas esperanzadas en la postulación presidencial.

Habrá de verse si las investigaciones y castigos quedan en niveles menores, en agentes expiatorios, o se extienden justicieramente a mandos realmente superiores y, sobre todo, a la profunda corrección de un esquema de criminalización migratoria sabido, tolerado e impulsado en esta etapa dolorosa de la rendición migratoria mexicana ante las imposiciones de Estados Unidos. ¡Hasta mañana!

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