Cuernavaca, Mor., En los cinco años recientes, el presupuesto de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Morelos, a cargo de Uriel Carmona Gándara, se ha triplicado de 370 millones a más de mil 82 millones de pesos; sin embargo, “los resultados han sido mínimos o nulos”, denunciaron integrantes de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de la entidad.

La institución no ha esclarecido casos como el asesinato del activista indígena Samir Flores Soberanes, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y fundador de Radio Amiltzinko, cometido el 20 de febrero de 2019.

Además, la institución ha sido acusada de encubrir el feminicidio de la joven Ariadna López Díaz, proveniente de la Ciudad de México y cuyo cadáver fue hallado en octubre del año pasado a las afueras de Tepoztlán. La fiscalía afirmó que murió por intoxicación alcohólica y broncoaspiración, pero en realidad fue asesinada a golpes.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, explicó que, si se compara el presupuesto de 2012, el cual era de 300 millones de pesos, un tercio de lo que tiene actualmente , el nivel de eficacia no muestra aumento alguno; “no hay avances en las indagatorias ni captura de responsables”.

En 2018, la FGE recibió 370 millones de pesos y en 2023 le dieron mil 82 millones. En lo que va de este último año se han iniciado en la fiscalía 3 mil 100 carpetas de investigación; no obstante, se han registrado 10 mil delitos, lo que significa, detalló el abogado, “que 7 mil (víctimas) no denunciaron porque no confían en la FGE. De esas 3 mil 100 carpetas, menos de 200 se han judicializado. Es decir, el nivel de eficacia es menos de 10 por ciento”. Además, el presupuesto asignado a la institución no se refleja en la procuración de justicia para los morelenses.

Pareciera, dijo, que esos recursos los ha utilizado para “comprar conciencias” entre los legisladores locales, quienes le han asignado las partidas y no cuestionan su trabajo.

Uriel Carmona asumió la titularidad de la FGE en febrero de 2018, tras ser propuesto por el entonces gobernador perredista, Graco Ramírez (2012-2018), para permanecer nueve años en el cargo.

Familiares de desaparecidos denunciaron que el fiscal de Morelos, al igual que la procuraduría estatal en tiempos de Graco Ramírez, “sigue tratando de ocultar y enterrar cadáveres sin identificar”.

Integrantes de la Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos dieron cuenta de la localización de restos humanos, entre el 14 y el 18 de marzo, en los municipios de Zacatepec y Yecapixtla.

El colectivo reprochó que sean las madres de personas extraviadas quienes hacen el trabajo de la fiscalía, pese a que cuenta con los recursos económicos, humanos y materiales para hacerlo.

Tranquilina Hernández, quien busca a su hija Mireya Montiel desde 2014, afirmó que se ha cansado de pedir a la fiscalía estatal que le ayude a encontrarla.

Aseguró que han puesto en evidencia a los servidores públicos, pero nadie los sanciona. “Podemos afirmar que existe una política de impunidad estimulada, ejercida y permitida por la FGE”.