Como parte de la fastuosa presentación del “Pacto por México” en el Castillo de Chapultepec (2 de diciembre de 2012, a escasas horas del “regreso” tricolor a Los Pinos), los abajo firmantes se “comprometieron”, entre tantas otras cosas, a “expedir una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción”, porque, decían, “hay que transformar al país”

Obvio es que no trascendió el discurso. En cambio, el gobierno de Peña Nieto continuó otorgando concesiones mineras como si de aventar confeti se tratara, y en sus seis años en Los Pinos entregó más de 5 mil de ellas que amparaban alrededor de 9 millones de hectáreas de territorio nacional. Los beneficiarios de tal acción fueron los de siempre: Germán Larrea, Alberto Bailleres, Carlos Slim y las trasnacionales canadienses del ramo, que concentran la actividad sectorial en esta República concesionada.

Lejos de “transformar al país” y meter en orden a los voraces cuan depredadores corporativos mineros, lo único que hicieron –no de gratis, desde luego– fue entregar más bienes de la nación a los de siempre para que el festín no sólo siguiera adelante, sino que el pastel fuera aún mayor, siempre a costillas del país.

Por cierto, los “pactistas” (gobierno de Peña Nieto, PRI, PAN y PRD) también “dieron su palabra” (o sea, nada) para promover “una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida”, pero en los hechos hicieron hasta lo impensable por proteger a ecocidas como Germán Larrea y su Grupo México, que derraman tóxicos por toda la República concesionada. Solo hay que recordar (6 de agosto de 2014) la brutal contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, tras que la empresa Buenavista del Cobre (antes Minera de Cananea) derramara más de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos y provocara daños a más de 25 mil personas.

En ese entonces, el titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, reconoció que se trataba del “peor desastre ambiental de la industria minera del país”, pero “la empresa (de Larrea) no puede ser clausurada ni siquiera temporalmente… (porque) no puede frenarse la actividad económica. Tuvieron un descuido (¡¡¡!!!), pero el país tiene que crecer económicamente”. Y el festín continuó. Sólo en 2014, Peña Nieto otorgó otras mil 127 concesiones (2.2 millones de hectáreas). Eso sí, las tres huelgas mineras (Cananea, Taxco y Sombrerete) acumulan 15 años sin solución.

Para redondear, el Inegi documenta que los grandes corporativos mineros nacionales y foráneos apenas representan 4 por ciento de las unidades mineras registradas, pero concentran 87 por ciento de la producción bruta total y 82 por ciento de los activos fijos, sin olvidar que la política minera del régimen neoliberal reivindicó y fortaleció a los “zares” de la plata (Alberto Bailleres), del oro (un grupo de canadienses) y del cobre (Germán Larrea).

Carlos Slim se lleva una buena rebanada en la extracción y comercialización de los tres minerales citados, tanto que, sin más, arrasó –a golpe de trascabos– y borró del mapa a un poblado zacatecano, Salaverna, habitado por 320 familias, porque una de sus empresas (Frisco-Tayahua) se apropió de al menos mil 200 hectáreas en las que prevé hay un yacimiento de oro y plata que podría ser el más rico del mundo. En México, el pastel minero parece inagotable, pero 90 por ciento de sus beneficios van a las alforjas de los barones citados.

Valga lo anterior para contextualizar por qué el presidente López Obrador decidió enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Minera y otras “para terminar con el extractivismo voraz de las empresas del sector, así como recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo” ( La Jornada, Alma Muñoz y Enrique Méndez), al tiempo que propone concesiones mediante concurso público, reducir su vigencia de 100 a 30 años, como máximo, y se condicionan a la disponibilidad hídrica.

Además, acabar con el despojo de tierras en favor de particulares; respeto a los derechos humanos y ambientales; consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y afromexicanas, que deberá ser pagada por los concesionarios; concluir el corolario normativo del periodo neoliberal, que representan las aberraciones jurídicas que se propone ahora modificar”.

Las rebanadas del pastel

Va un fuerte abrazo para los compañeros del Colectivo Morena Chilangos (Comochi). Gracias por su atención y paciencia.

Twitter: @cafevega