El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para revocar concesiones, recuperar bienes nacionales y declarar la nulidad de actos administrativos cuando se determine que fueron otorgados mediante actos de corrupción o que sean perjudiciales para el interés general.

Planteó que la legislación permita revertir actos de corrupción, pues “durante muchos años, quienes estuvieron a cargo de la administración pública, de manera generalizada, suscribieron actos contrarios a la ley, con la confianza de que su sola emisión los convertía en actos jurídicamente firmes, como parte de un pacto permanente de impunidad”.

En ese sentido, propuso que, para combatir esos actos surgidos de la corrupción, se incluya la figura de “juicio de lesividad”, como mecanismo para “demandar la nulidad de una resolución administrativa favorable a un particular o de un acto administrativo que derive de una afirmativa ficta, contrarias a la ley, o que causen perjuicio a la administración pública federal o que lesionen el interés público”.

El juicio tendría que interponerse por las autoridades federales ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La iniciativa también incluye la figura de “revocación”, que permitiría “revertir actos administrativos… no sólo cuando son emitidos de manera irregular, sino también porque las circunstancias de la realidad son cambiantes”.

Por ejemplo, indicó, una concesión, permiso o autorización otorgados para prestar un servicio o explotación, uso o aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, podría dejar de cumplir los fines del Estado o de beneficiar a la sociedad, y de continuarla, afectaría al erario o a la población.

La revocación sería una facultad de la Secretaría de la Función Pública, a quien propuso autorizar a “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.

López Obrador propuso también fijar un límite de los montos de indemnización porque, señaló, su gobierno heredó juicios interpuestos ante instancias nacionales y extranjeras, en los cuales se reclaman retribuciones millonarias por afectaciones, en algunos casos “evidentemente fraudulentas”, y los fallos en contra del Estado mexicano han aumentado 500 por ciento, producto de resoluciones de tribunales internacionales.

El mandatario reprochó que persiste la “resistencia” a reducir los salarios en los órganos autónomos y el Poder Judicial, y planteó la suspensión del cargo e inhabilitación a los funcionarios que no acaten la medida.