Los tribunales militares no pueden autorizar la geolocalización en tiempo real de civiles sin contar con una orden de un juez civil de control, así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien también invalidó la posibilidad de que jueces del fuero castrense puedan recurrir a la fuerza pública para hacer comparecer, en calidad de testigo o perito, a quien no pertenezca al Ejército.
Al continuar con el análisis de las impugnaciones promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Hu-manos (CNDH) contra los códigos Militar de Procedimientos Penales (CMPP) y de Justicia Militar (CJM), el pleno de ministros alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para indicar que el artículo 16 constitucional ordena que se tenga autorización federal para este tipo de actos.
Los ministros señalaron que, aunque en los códigos militares se advierte que es necesaria la aprobación previa de un juez para una geolocalización, la redacción de los artículos impugnados, el 299 del CMPP y el 83 del CJM, era ambigua.
“Hablan de juez de control y no especifican. El problema es que este código tiene un glosario, y en el artículo 3º fracción VIII del Código Militar de Procedimientos Penales se dice que cuando se refiere a juez de control esto significa juez militar de control. Entonces, ante esa duda, por seguridad jurídica, es por lo cual me inclino por la invalidez del artículo”, señaló el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al votar con la mayoría.
La SCJN también dejó sin efecto el artículo 361 del CMPP, que permitía utilizar la fuerza pública para obligar a un civil a comparecer ante un tribunal militar.
Los ministros señalaron que la medida era exagerada, pues no contempla ninguna medida de apremio previa, y permitiría la privación momentánea de la libertad de un civil por parte de una autoridad militar.
Igualmente se anuló el artículo 247 fracción V, que autorizaba a los militares que estuvieran investigando un delito del fuero castrense revisar los vehículos de civiles posiblemente involucrados en el ilícito.
A la sesión del martes faltó el ministro Alberto Pérez Dayán, por lo que tuvo que posponerse la votación sobre la validez de la intercepción de comunicaciones de civiles por parte de militares. A favor de prohibir esta práctica se alcanzó una mayoría simple de siete votos, y se necesitaría uno más para alcanzar la calificada que la declare inconstitucional.
