La más reciente tragedia de Ciudad Juárez tiene como telón binacional la rendición de la tradicional política mexicana en materia de migrantes ante las presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, además de otros personajes que fueron miembros de su gabinete, se han jactado de la fácil manera en que lograron doblegar al canciller Marcelo Ebrard y, por extensión, al gobierno del presidente López Obrador.

Salvo para efectos de competencias partidistas por la postulación morenista de 2024, no tiene gran trascendencia el deslinde que Adán Augusto López Hernández ha hecho al declarar que el Instituto Nacional de Migración depende en lo práctico más de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, que de Bucareli.

En realidad, es una autoinculpación del otro López tabasqueño, que ha permitido que por instrucciones presidenciales el delicado tema de la migración se haya convertido en asunto a ser ejercido y vigilado por el canciller, quien ha tenido claramente el encargo de lo migratorio para así poder entregar cuentas precisas al poder estadunidense.

Ni Sánchez Cordero (desde su paso etéreo por Gobernación, donde le quitaron facultades a granel, hasta dejarla convertida en ornamento político) ni López Hernández (con la vista puesta en 2024) tuvieron los arrestos políticos para negarse a que el tema migratorio, que por normatividad les correspondería, fuera asumido por el secretario multitareas, Ebrard.

La conversión de un asunto propio de la gobernabilidad interna en uno de índole diplomática ha sido, además, ejercida de manera atroz por el tétrico Instituto Nacional de Migración, cargado desde sexenios anteriores de serias acusaciones de corrupción y salvajismo, con un morenista al frente entendido en asuntos carcelarios y de seguridad, de transporte público y operación electoral, Francisco Garduño, quien sustituyó en junio de 2019 al académico Tonatiuh Guillén López, doctor en ciencias sociales, con especialidad en sociología, que ha estudiado ampliamente el fenómeno migratorio y fue presidente del Colegio de la Frontera.

En los hechos, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración se convirtieron en la mi g ra de la 4T, establecieron un control férreo de los cruces en la frontera sur mexicana (transformada así en una especie de tercera frontera de Estados Unidos) y aceptaron una vergonzosa versión del “tercer país seguro”, con México como depósito trasero de indocumentados devueltos de Estados Unidos.

Lo sucedido en Ciudad Juárez la noche del lunes no debe ser amparado en cómodas consideraciones excluyentes: el gobierno del presidente López Obrador es responsable del rediseño general de la histórica política migratoria mexicana y de la operación, constantemente denunciada, del INM en particular. Se requiere analizar y tomar medidas correctivas fuertes en ambos planos: el de las cesiones a la anterior agresividad explícita de Trump y a la actual (¿peor?) del “suavecito” Biden, que igualmente mantiene el esquema dominante, y el de la operación de un cuerpo de agentes y directivos, en el INM, profundamente infiltrado por la corrupción y con sistemáticas prácticas inhumanas.

Cierto es que la migración es un fenómeno mundial con múltiples factores delicados, que suele señalarse que las caravanas de personas desde el sur tienen patrocinadores con intereses políticos desestabilizadores y que México por geopolítica necesita llegar a acuerdos difíciles con Estados Unidos, pero la muerte de cuando menos 38 personas, en condiciones de absurda criminalidad institucional, obligan a revisar y a corregir, mucho más allá de la destitución de Garduño o la consignación penal de algunos agentes del INM.

Y, mientras Edmundo Jacobo Molina ha hecho una aceptación involuntaria de su condición facciosa y no institucional, al renunciar a la secretaría ejecutiva del INE a partir del próximo lunes en que ya no estarán Lorenzo Córdova y Ciro Murayama como consejeros electorales, ¡hasta mañana!

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