Ciudad de México. La decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de congelar la ejecución del plan B de la reforma electoral “es un hecho inédito, injusto y arbitrario”, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quieren que “impere en México una especie de supremo poder conservador. Este ministro (Javier) Laynez ya es como su Alteza Serenísima”, dijo el mandatario, en referencia al miembro de la Corte que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y suspendió la reforma.

En la conferencia matutina, el mandatario volvió a cuestionar el desempeño del Poder Judicial, incluso mas allá de la polémica comicial, al censurar la inoperancia del Consejo de la Judicatura Federal, que debería ser responsable de supervisar a los impartidores de justicia: “¿Saben de algún juez, magistrado o ministro que esté siendo juzgado o que esté en la cárcel? Ninguno; es como el castillo de la pureza. Ahí no pasa nada”.

Destacó que no sólo es la decisión de Laynez; recordó que el mismo día que juzgaban en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad Genaro García Luna por vínculo con el narcotráfico, aquí un tribunal colegiado descongelaba las cuentas de su esposa.

“Ni siquiera cuidan la forma; es mucha la arrogancia, la prepotencia. Hay que estar cuidando los viernes, porque de repente un juez le da libertad a un peligroso delincuente”, advirtió el Presidente.

Insistió en su idea de que es necesaria una reforma al Poder Judicial, promovida desde dentro, para “no caer en la autocomplacencia”.

Cuestionó que la determinación de un solo ministro, que “no es elegido”, paralice una reforma electoral aprobada por senadores y diputados, que integran el Legislativo, el cual es el “poder más cercano a la soberanía popular”.

Subrayó que impulsará el plan C; “ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación”.

Destacó que las enmiendas en la reforma para terminar con excesos y “sueldos elevadísimos” pudieron haber reducido hasta en 10 mil millones de pesos el presupuesto electoral, sin violar la Constitución.