Ciudad Juárez, Chih., El operativo de reclusión de indocumentados en las calles de esta población fronteriza y su traslado a un centro de detención provisional lo realizó el Instituto Nacional de Migración (INM) a petición del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien ya había advertido que era momento de ponerles un alto, lo que contraviene lo estipulado en el artículo dos de la Ley de Migración.

El edil morenista hizo el amago el pasado 14 de marzo, luego de que unos días antes, grupos de venezolanos derribaron barreras del puente internacional Santa Fe con intención de internarse a Estados Unidos, pero fueron contenidos por elementos antimotines de la Patrulla Fronteriza cuando se encontraban a la mitad de la plataforma.

La operación del INM, que como encargado de la representación en Juárez tiene al contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, quien por segunda ocasión ocupa ese puesto, se realizó la tarde del lunes con el objetivo de retirar a indocumentados de la vía pública y llevarlos a la estancia provisional ante quejas de ciudadanos, empresarios y comerciantes.

En las redadas se detuvo a decenas de extranjeros que se les acusa de invadir cruceros, donde algunos obtienen un dinero limpiando parabrisas, vender en la calle artículos diversos, pedir dinero, de poner en riesgo a menores de edad e incluso de cometer actos de hostigamiento sexual contra mujeres.

En el operativo participaron agentes migratorios, empleados del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia estatal y municipal, así como de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes Distrito Bravos y retiraron a decenas de personas.

Sin delito

El artículo dos de la Ley de Migración vigente estipula que “son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, los siguientes: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.

“En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

En ese tenor, el delegado de programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, comentó que los indocumentados “son víctimas; mientras los migrantes no cometan algún delito no podemos estigmatizarlos, es todo lo contrario, tenemos que darles oportunidades”.

Dijo que la estancia provisional migratoria donde 38 extranjeros perdieron la vida fue rebasada y requiere ser modernizada.

Rechazó que prevalezca una política de persecución o de tolete, de encerrarlos, eso no debe suceder; “la incidencia delictiva de Ciudad Juárez no tiene que ver con que los migrantes estén en los cruceros”.