Tel Aviv. El caos político que se ha apoderado de Israel va mucho más allá de la encarnizada batalla por los controvertidos planes de debilitar al Poder Judicial y de las protestas masivas que esas propuestas han desencadenado.

La causa de fondo reside en el centro volcánico del país. Es la razón por la que ha habido cinco elecciones en menos de cuatro años, y por la que algunos sostienen que podría haber una sexta en el horizonte.

Israel está dividido de manera profunda, y quizás irreparable. La crisis de identidad está llegando a un punto límite. Y, al menos por ahora, no parece haber ningún modo de conciliar visiones ampliamente –y existencialmente– diferentes sobre la forma en que el Estado puede alcanzar cierta funcionalidad.

Este lunes, después de que decenas de miles de personas se manifestaron frente al edificio del Parlamento en Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que congelaría de manera temporal el plan de reforma judicial. En un discurso transmitido por televisión en horario estelar, el gobernante que más tiempo ha ocupado el cargo señaló que empezaría por instalar equipos de negociación, acción que según él “evitaría una guerra civil”.

En síntesis, el plan del gobierno daría a Netanyahu, quien está bajo proceso por cargos de corrupción (que él niega), y a sus aliados la última palabra en la designación de los jueces de la nación. También daría al Parlamento, controlado actualmente por los aliados del primer ministro, la autoridad para anular decisiones de la Suprema Corte con apenas mayoría simple. Y limitaría la capacidad del tribunal para revisar leyes.

Proteger al premier

Los críticos alegan que esta reforma dificultaría declarar a un primer ministro no apto para el cargo y que está diseñada para proteger a Netanhyahu durante el proceso judicial que se le sigue.

Netanyahu y sus partidarios afirman que no es así, y que la reforma evitará que los tribunales se excedan e invadan a los otros poderes.

Israel está increíblemente fracturado en todos los niveles, pero, en términos simples, en este momento están de un lado los partidarios de Netanyahu y su coalición de partidos ultranacionalistas de extrema derecha y religiosos, y del otro –al menos en esta coyuntura–, prácticamente todos los demás.

Los intentos del gobierno por imponer esta reforma han ensanchado las fisuras tanto en su base de apoyo como en sus opositores. De esas fisuras han surgido las airadas manifestaciones que hemos presenciado en las semanas recientes. Parece no haber consenso en ningún lado, pero, si pudiera alcanzarse algún “acuerdo”, ¿qué aspecto podría tener?

Una fuente importante de los opositores me comentó que ellos creen “tener la responsabilidad de intentar” negociaciones, “pero nadie se hace ilusiones de que será fácil… No hay mucha confianza en Netanyahu.

“El tema principal es la protección de la democracia de Israel, pero el efecto más amplio ha sido impulsar al sector liberal del país en respuesta a un ataque a sus valores esenciales”, añadió la fuente.

Dahlia Scheindlin, veterana encuestadora israelí, señaló que incluso dentro de la coalición gobernante existen “miras fundamentalmente diferentes en cuanto a lo que quieren lograr.

“Proteger a Netanyahu es sólo una parte”, añadió, y expresó que los aliados del gobierno quieren un Israel “más religioso, no liberal y anexionista”.

“En este momento, los partidos de oposición desean un Israel fundamentalmente liberal y democrático”, indicó.

A la confusión se añade el hecho de que la “oposición” misma está fracturada. Quienes se han levantado contra la reforma judicial van desde jóvenes manifestantes seculares de izquierda hasta partidos de centro derecha dirigidos por antiguos miembros del establishment de seguridad, y ahora incluso –según ciertas encuestas– alarmados simpatizantes del propio partido Likud de Netanyahu.

Scheindlin opinó que, más allá de llegar a acuerdos menores sobre aspectos muy específicos del programa judicial, las discusiones sobre las propuestas probablemente desembocarán en “otro estancamiento”.

El partido Likud, en picada

Ahora que incluso sus propios partidarios del Likud están divididos en torno a la reforma judicial, la presión sobre Netanyahu aumenta. Por eso está buscando ganar tiempo. Rafi Smith, que ha sido durante años el principal encuestador de Likud, me comentó que en cinco años no había visto cifras tan bajas de popularidad: el partido podría perder potencialmente hasta cinco de los 32 asientos que obtuvo en las elecciones de otoño en caso de que se necesitaran nuevos comicios.

Según las encuestas de Smith, la coalición del primer ministro ha caído por debajo de la mayoría mínima necesaria para sostenerse en el poder.

“Están perdiendo asientos frente a los partidos de centro… La mayor parte del país está entre 54 y 60 por ciento en contra del programa judicial”, explicó.

“Es un conflicto muy profundo, la sociedad está muy dividida. Es algo más profundo que sólo la cuestión judicial”, añadió.

Aun quienes respaldan los planes del gobierno han advertido sobre la amenaza de división. El profesor Avi Bell, de la Facultad de Derecho de la Universidad Bar Ilan, ha sido muy vehemente en su apoyo al paquete de reformas, el cual, considera, “era necesario desde hace tiempo.

“La crisis política sólo se relaciona tangencialmente con la reforma judicial”, aseguró. “Es mucho más un tema relacionado con los cambios en la política israelí en años recientes… La política está más polarizada y extremista.” Expresó su creencia de que “un choque es inevitable”.

Así pues, aunque en esta ocasión el sistema judicial ha sido el detonante, se ven otras fracturas en el horizonte. Esta crisis de identidad persistirá, hasta que la extrema polarización en Israel deje de existir. Pero esa perspectiva parece remota.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya