Para terminar con el “extractivismo voraz” de las empresas mineras, así como recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo, el presidente Andrés Manuel López envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca otorgar, mediante concurso público, las concesiones mineras; reducir su plazo de 100 a 30 años, como máximo, y las condiciona a la disponibilidad hídrica.

Con estas modificaciones, el jefe del Ejecutivo pretende “dar por concluida una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano”, que también ha definido como “la etapa más oscura y ominosa en la historia de nuestro territorio”, aplicada durante más de 30 años.

La iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua, busca prohibir las concesiones mineras en zonas sin disponibilidad de agua, áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo la población.

Propone la figura de concesión de agua para uso específico en minería con una duración de cinco años, y “prórrogas por igual término”.

También busca poner fin al despojo de tierras en favor de particulares, garantizar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente; establecer la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y afromexicanas, que deberá ser pagada por los concesionarios, y que ellos mismos respondan por el manejo y disposición final de residuos.

Busca suprimir el carácter preferente de las empresas mineras y obligarlas a “pactar contraprestaciones monetarias, sujetas a consentimiento de los propietarios de los terrenos, entre ellos ejidos, comunidades y núcleos agrarios en general”. Cuando se trate de territorios indígenas o afromexicanos, se plantea que los concesionarios les paguen al menos 10 por ciento de sus utilidades.

En la exposición de motivos, López Obrador establece que “el ánimo de igualdad y justicia social” de su gobierno, “obliga a concluir el corolario normativo del periodo neoliberal, que representan las aberraciones jurídicas que se propone ahora modificar”.

La propuesta incluye como causales de cancelación de concesiones mineras, la carencia de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, ni con los programas de cierre o de gestión de residuos.

Incorpora instrumentos de carácter ambiental y social, deja como único mecanismo de otorgamiento de una concesión el concurso por 15 años, con prórroga, por una sola ocasión, por otros 15 años, condicionado al cumplimiento de obligaciones sociales y fiscales.

La iniciativa, que fue turnada a comisiones, establece que la concesión sea por mineral o sustancia susceptible de explotación.