El abogado argentino Guido Croxatto, parte del equipo legal del depuesto mandatario de Perú, Pedro Castillo, destaca el protagonismo que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la “ilegal” destitución y el “arbitrario” encarcelamiento de su defendido.

Califica la política exterior de México de “la más valiosa” de hoy en América Latina. “Es un faro de luz para los demás países de la región y los orienta políticamente”.

En particular, resalta que gracias a la posición del líder mexicano, en los palacios de gobierno de la región comienza de nuevo a hablarse de justicia y no sólo de negocios. Y es que al sentido de la postura de López Obrador se ha sumado su homólogo colombiano Gustavo Petro.

“Las imágenes que estamos viendo en Perú no las queremos más en América Latina. Por eso es tan importante la firmeza de López Obrador y de Petro, que son hoy, diría, los dos líderes más claros en este punto. Colombia y México son los países que tienen mayor claridad y lucidez en su compromiso con la crisis peruana”, enfatiza el joven litigante, especialista en derechos humanos, que fue elegido por Castillo como su defensor ante un proceso que lo ha mantenido por casi cuatro meses en prisión.

Recupera tradición

En entrevista con La Jornada, después de reunirse con el Ejecutivo mexicano en Palacio Nacional –antes lo hizo con el canciller Marcelo Ebrard–, Croxatto reafirma la importancia de que México, de la mano de su presidente, haya recuperado su histórica tradición de política exterior y de asilo, así como de defensa de los derechos humanos.

El litigante acentúa que cuando un régimen actúa contra la democracia, violenta a los ciudadanos, impide la libre expresión y manifestación, reprime y asesina a manifestantes (70 hasta ahora en el caso peruano), “la injerencia es una obligación” para cualquier líder político. “Y López Obrador hoy tomó un protagonismo muy claro”.

Contrasta así su comentario con quienes han calificado de “injerencia” la posición del gobierno mexicano ante el conflicto en la nación andina, incluso antes de que el Congreso peruano destituyera a Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

Esas expresiones del gobierno mexicano derivaron en la expulsión del embajador Pablo Monroy por parte de la administración de Dina Boluarte.

El letrado plantea que los sectores más conservadores de la región han politizado al Poder Judicial para encarcelar a los líderes progresistas que representan a los sectores más desfavorecidos y “no se arrodillan” ante determinados intereses.

Un capítulo más en AL

El de Perú, dice, es apenas un capítulo más en un largo guion latinoamericano: Cristina Fernández en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil; Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Fernando Lugo en Paraguay.

“No podemos seguir judicializando a los líderes de izquierda de América Latina. Eso nos convierte en sociedades poco democráticas, porque los cabecillas de derecha, como Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, que cometen crímenes muy graves, nunca son enjuiciados ni llevados a prisión. Los detenidos y procesados son los de izquierda cuando defienden los intereses y la soberanía popular”.

La defensa de Castillo tiene varias estrategias. En lo interno, demostrar que los delitos que se le imputan “no se configuran plenamente”. Croxatto expone que la rebelión supone alzamiento con armas “y éstas fueron en contra” del mandatario peruano. La conspiración implica el concurso de dos o más voluntades, pero el mensaje que Castillo pronunció aquel 7 de diciembre no lo concitó con ninguno de sus ministros o aliados.

En esa ocasión, ante su inminente destitución por los legisladores, Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia.

“En todo caso, habría conspirado con el sector del pueblo que le dio ese discurso, el más ‘suave’ que recibió… y hay que destacar que no lo dio a revisión a los abogados asesores del Palacio Presidencial, porque su compromiso no era con ellos, sino con los votantes”, opina el abogado.

Considera que el gobernante depuesto tampoco incurrió en usurpación de funciones, pues la disolución del Congreso fue un proceso fallido y el golpe de Estado fue contra Castillo. La acusación de flagrancia no procede porque fue aprehendido no en el supuesto lugar del delito, sino cuando conducía a su familia a la embajada de México en Lima.

En el plano internacional, la defensa acudirá al sistema interamericano y a la Organización de Naciones Unidas, donde los gobiernos mexicano y colombiano pueden tener peso en las discusiones multilaterales, “para recuperar cierto piso democrático en América Latina”. y con el respaldo de ambas administraciones sumar apoyos en el extranjero en favor de la causa de Castillo.

Finalmente, Croxatto reflexiona: “Hay 70 personas asesinadas en Perú y parece que los gobiernos de América Latina miran para otro lado. No sé cuántas muertes se necesitan para reaccionar. Por suerte, para López Obrador y Petro, ninguna. Para Evo Morales tampoco. Desde el comienzo se pronunciaron en contra de la destitución de Castillo y de los decesos que empezaron después, con lo cual está claro dónde estuvo el golpe (de Estado)”.