El día de mañana el Tribunal de Justicia del estado de Puebla celebrará una audiencia sobre el caso de Miguel López Vega, acusado individual al margen de las legítimas decisiones y acciones de defensa colectiva de la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla de la entidad, contra la decisión del Comité Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) de entubar las aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocarán en el río Metlapanapa. López Vega fue detenido el 24 de enero de 2020, acusado de obstrucción de obra pública, daños a las vías de comunicación y uso de explosivos, sin que se presentaran pruebas, salvo las declaraciones de dos trabajadores del Ceaspue. El líder comunitario es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, y está incorporado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG).
De entrada, he señalado el uso discrecional y arbitrario de figuras jurídicas para individualizar procesos penales, en el caso de conflictos y movilizaciones producto de decisiones comunitarias. Lo que resulta incompatible con el conjunto de derechos humanos y en especial con los colectivos, relativos a pueblos indígenas ( La Jornada, 4/2/20).
Como sabemos, ante la magnitud de la protesta, no sólo comunitaria, en cuanto se supo de la detención, el gobierno del estado, abrió una mesa de diálogo y se deslindó de la criminalización, con lo cual se debió investigar por lo menos a la Ceaspue y al personal de la fiscalía del estado.
Ante lo insostenible de las acusaciones y sobre todo la exigencia política, el 29 de enero de ese año, fue liberado Miguel López Vega, para llevar su proceso en libertad con la obligación de acudir a firmar cada 15 días en el penal de San Miguel, en la capital de Puebla. La jueza fijó como límite dos meses después, el 29 de marzo, para que se aportaran pruebas y concluyera el proceso penal ya sólo por ataques a las vías de comunicación. Su muy reconocido abogado, Juan Carlos Flores Solís, desde entonces denunció que la Ceaspue no presentó licencias de construcción de la obra, manifestación de impacto ambiental o permiso de la Comisión Nacional del Agua para las descargas al afluente. Además de anomalías en las declaraciones acusatorias de trabajadores de la Ceaspue, por lo cual la juez determinó desecharlas. El proyecto quedó suspendido, no cancelado, por decisión del entonces gobernador a fin de atender las irregularidades señaladas.
Aquí un paréntesis: se ha difundido que en la audiencia de mañana se acusará a López Vega de los mismos delitos de los que fue absuelto hace tres años, ya quedó aclarado que el juicio no concluyó con su liberación y lleva tres años con el desgaste de la firma quincenal y no se ha celebrado ninguna audiencia. Él lo ha denunciado en varias ocasiones. Hay preocupación fundada respecto de la misma porque hay intereses económicos y políticos en juego.
El actual gobernador no aparece interesado en apoyar la defensa del río Metlapanapa ni al acusado por cargos relativos a acciones colectivas legítimas de protesta comunitaria. Qué peso puede tener la suspensión definitiva que el 7 de febrero de 2020 concedió el juez primero de distrito en materia de amparo civil… en el estado de Puebla, en favor de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec, para el efecto de que el Parque Industrial Ciudad Textil y/o gobierno del estado de Puebla, a través de Ceaspue, no pueda contaminar con aguas sin tratar del Parque Industrial, el río Metlapanapa.
Dicho juez consideró el riesgo inminente y no reparable, así como la afectación a los integrantes de la comunidad. Por su parte, el CNI ha denunciado la cadena de absurdos jurídicos que son el telón de fondo de la audiencia inminente: la Ceaspue se quejó en octubre de 2022 que no se había enterado de la liberación de Miguel y apeló la resolución dos años después, cuando sólo tiene tres días hábiles para apelar, la sala del Poder Judicial la aceptó y la declaró fundada y por si fuera poco el juez primero de distrito en materia penal del estado de Puebla desechó el amparo de Miguel contra esta apelación por señalar que no le causa agravio que le vuelvan a imputar delitos que ya le habían sido eliminados por una decisión a su juicio ilegal de la sala superior del Tribunal de Justicia en el estado de Puebla.
Malos augurios si retoman a López Vega como rehén. Sólo un juez leal a la justicia –escasos, pero existen– puede reconducir este caso, donde los intereses empresariales están representados por espacios oficiales como la Ceav Puebla. Zacatepec en alerta máxima y el movimiento indígena y organizaciones aliadas. Ojalá no olviden jueces o juezas, instituciones oficiales y empresarios: quien siembra vientos cosechará tempestades.
