Tras la suspensión del plan B, el Consejo General del INE aprobó anoche por unanimidad el acuerdo que cancela los trabajos para la aplicación de la reforma electoral publicada el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

En sesión extraordinaria urgente, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, detalló que con ese acuerdo queda establecido que las actividades y operación del INE siguen tal cual estaban antes de la publicación del decreto de reforma.

Las actividades del instituto “deben ceñirse a la norma vigente que estaba antes de la reforma electoral y pone pausa a los trabajos que habían iniciado el pasado 3 de marzo”, explicó Córdova.

El diputado Mario Llergo, representante de Morena ante el INE, señaló que esta suspensión “pone en grave peligro nuestro estado de derecho, derivado de una resolución adoptada por un solo ministro”, lo cual da cabida “a los excesos judiciales que derrocan la voluntad popular con la determinación de unos cuantos, que sólo buscan mantener privilegios a costa de todo y defienden con uñas y dientes, porque sólo les interesa el dinero”.

Este fue el único punto de la tercera sesión extraordinaria del Consejo General del INE, que empezó después de casi cinco horas, en las que se efectuaron las dos primeras sesiones extraordinarias del día.

Cuando el decreto de reforma se publicó, hace 24 días, el INE integró un comité técnico para la implementación de la nueva normatividad electoral, con los siete consejeros que continúan en sus cargos.

Ese comité debía llevar a cabo reuniones para la revisión, redimensión y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del instituto.

El grupo sostuvo dos sesiones para acatar lo establecido en la reforma electoral y definir los instrumentos normativos y administrativos para ese fin. Elaboró los lineamientos que se aprobarían en la sesión extraordinaria de ayer para la reestructuración del INE, pero finalmente salieron del orden del día después de la suspensión indefinida del plan B, decidida por el ministro Javier Laynez Potisek.

“En los efectos de la suspensión otorgada a este instituto, derivado de la controversia constitucional, se estableció de manera expresa que se concede para que no se aplique ar-tículo alguno del decreto impugnado que incida en la modificación de la estructura, funcionamiento y capacidad operativa del instituto hasta en tanto se resuelva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el medio de impugnación”, especifica el acuerdo.

El consejero Ciro Murayama indicó que con este acuerdo se perfila un escenario en el que México vaya a las elecciones de 2024 con las leyes electorales surgidas del consenso democrático, “no de una imposición unilateral autoritaria”.