En varias ciudades del país, entre ellas la capital nacional, se van multiplicando los problemas graves relacionados con el suministro de agua potable e incluso con el cobro excesivo por ese servicio mal prestado.

Al respecto, la periodista y documentalista Jacaranda Correa ha señalado que este problema “lo venimos arrastrando desde hace más de una década, y es que nadie se ha querido comprometer a reformar la Ley de Aguas Nacionales o a crear una nueva, una ley general de aguas. La que tenemos data de 1992, promovida por Carlos Salinas de Gortari, en un contexto que benefició a los mercados y comprometió nuestro derecho social al recurso justamente por darle todo el apoyo a empresas privadas, con desatención del Estado”.

Asegura Jacaranda: “tenemos un sistema de concesiones en este país que está beneficiando, de todos los usuarios, a un uno por ciento, que acapara la quinta parte de los recursos hídricos del país; porque esa ley de aguas que data de la época neoliberal, como les gusta llamarle, no se ha querido modificar”.

Esta columna añade que algunos miembros de la élite morenista mantienen beneficios de este sistema de concesiones hasta ahora intocado: Olga Sánchez Cordero, senadora, notaria pública con licencia, ministra en retiro y ex secretaria de Gobernación, tiene concesiones en el área de Monterrey: “Desde hace generaciones mi familia se dedica a la agricultura. Sabemos el valor del agua y no abusamos de ella, al contrario, la cuidamos y más en el Norte dónde históricamente ha escaseado. Las concesiones desde hace décadas están registradas, transparentadas y en regla”, ha respondido en Twitter la ex titular de Bucareli, ante señalamientos críticos.

Alfonso Romo, de los principales empresarios en la cercanía de Palacio Nacional (aún sin tener cargo oficial, como sucede ahora) es el personaje central del reportaje “Un cacique del agua en el paraíso maya”, publicado en marzo de 2020 por los periodistas Janet Cacelín, Alejandro Melgoza y Sergio Rincón (Texto: https://bit.ly/3FYNYBY; entrevista en video con Rincón: https://bit.ly/3TMzeMa).

En ese trabajo, auspiciado por Connectas, se menciona que Romo “fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los recientes 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43 por ciento. Ha afectado la vegetación y fauna, sin que se conozca cómo cumple medidas de mitigación ambiental”.

Además, Enerall “fue investigada por destruir sin autorización un cenote (...): el caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo (...) dejó Enerall antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue en manos de su familia”. Recuérdese que Romo fue jefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador y ha mantenido bajo su influencia mercantil diversas áreas del gobierno federal, marcadamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde Víctor Villalobos Arámbula ha sido un virtual representante de los intereses de Poncho.

Ante el cuadro agravado que se vive en el país, tampoco hay expectativas positivas en cuanto a la Comisión Nacional del Agua, a cargo de Germán Martínez Santoyo (quien ha recibido contratos relacionados con lo hídrico al tiempo que tiene el encargo federal: https://bit.ly/3zecURW). Véase, como ejemplo, el caso de Agua Saludable en La Laguna, con enorme inversión federal que seguirá favoreciendo a intereses de empresas como LaLa (sobre Conagua y otros temas críticos: entrevista en noviembre de 2022 al ex secretario del medio ambiente, Víctor Toledo, https://bit.ly/3zheIcQ). ¡Hasta mañana!

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