Ciudad de México. El juzgado primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México admitió a trámite el juicio de amparo que promovió Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para definir si la compañía petrolera mexicana y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben ser consideradas como víctimas o afectados por los sobornos que recibió y con ello si ambas instituciones tienen la personalidad jurídica para recibir los 200 millones de pesos que el ex funcionario propone pagar como reparación del daño por los delitos que se le imputan en los casos de las firmas Odebrecht y Agronitrogenados.

Emilio Lozoya pretende con este recurso suspender la apertura de juicio, para que no se cierre la oportunidad de lograr un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad que le permita quedar en libertad.

Miguel Ontiveros Alonso, abogado del ex titular de Pemex, presentó el amparo el pasado 13 de marzo ante el juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal, el mismo día en que el juez federal Gerardo Genaro Alarcón resolvió abrir el juicio oral contra Emilio Lozoya, para quien la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una sanción de 46 años de prisión por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, sin embargo si la juez de amparo decide otorgarle la suspensión, esta etapa del proceso se podría frenar hasta que se resuelva si le concede la protección de la justicia federal.

A medidos de marzo, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda turnó el caso a su homólogo del juzgado primero de distrito de amparo, quien por su parte manifestó ya conoce de otro asunto relacionado, por lo que analizará el fondo del asunto y determinará si le concede la suspensión provisional.

Durante la etapa intermedia del proceso el juez de control aceptó las 28 pruebas de descargo ofrecidas por los abogados del ex directivo de Pemex.

Los representantes del Ministerio Público federal informaron que apelarán la decisión judicial de aceptación de las propuestas, mientras la defensa, indicó ese día que promovió un amparo para cuestionar la personalidad jurídica de Pemex y de la UIF como receptores de los 200 millones de pesos que Lozoya Austin propone pagar como reparación del daño por delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.