Animadas por bufetes de abogados que actúan como aves de carroña, empresas trasnacionales, principalmente mineras, tratan de sacarle el último jugo al viejo TLCAN. Como expliqué aquí (1/8/22), los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) del capítulo 11 del TLCAN permanecen en el T-MEC hasta el 31 de junio de este año. Pero, como advierten abogados a sus clientes, la verdadera fecha límite es este 31 de marzo dado que el artículo 1119 del TLCAN requiere que inversionistas interpongan una “notificación de intención” de demandar 90 días antes de interponer una demanda (https://bit.ly/40bIw6E).
Veremos esta semana cuántas notificaciones de intención de demandas a México se podrían dar. Por lo pronto, durante este marzo se ha presentado una notificación de intención y se ha interpuesto una demanda de dos empresas mineras.
El 2 de marzo la minera canadiense Silver Bull, presentó su aviso de demandar a México con el fin de “recuperar los daños económicos resultantes del bloqueo ilegal de su proyecto de Sierra Mojada” (https://bit.ly/42EyvQZ). La empresa busca “no menos de 178 millones de dólares” en perjuicios por la supuesta violación del TLCAN por parte de México. Silver Bull alega tener derechos sobre 20 concesiones mineras de plata, plomo y zinc en Coahuila. Según Silver Bull, en septiembre de 2019 miembros de la Sociedad Cooperativa de Exploración Minera Minero Norteños SCL bloquearon los yacimientos mineros y las autoridades mexicanas han permitido que continúe el bloqueo, incumpliendo, supuestamente, las cláusulas del TLCAN (seguramente se refieren a la cláusula que obliga al Estado a otorgar “plena protección y seguridad a las empresas” https://bit.ly/40c1Roc). Sin embargo, como dice la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la situación de la cooperativa en la Sierra Mojada es parte de “una larga lista de comunidades que son agraviadas, aun cuando las mismas comunidades aceptaron el progreso y desarrollo minero… [se] encuentran con el incumplimiento por parte de la empresa que viola derechos de comunidades y trabajadores, lo que cuestiona la famosa responsabilidad social de la que tanto pregonan” (https://bit.ly/40bJYG8).
También este 2 de marzo, la minera de oro canadiense Goldgroup, interpuso ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial una demanda contra México. En un comunicado, la empresa dice que “el trato y la inacción de los tribunales mexicanos han dado lugar a una expropiación judicial de la inversión de su filial en DynaResource de México SA de CV y a una denegación de justicia e incumplimiento de las obligaciones de México en virtud del TLCAN (https://bit.ly/3FLasX2). En otras palabras, se hace responsable a México de pagar el erario litigios irresueltos entre empresas privadas.
Las demandas de Silver Bull y de Goldgroup se suman a las muchas más pendientes contra México, como la polémica demanda de la estadunidense Vulcan Materials, la filial de Calica en Playa del Carmen, por 500 millones de dólares, por la cual hasta el Departamento de Estado de EU se ha sumado al apoyo de la trasnacional en respuesta a la incautación del gobierno mexicano del puerto de carga de la empresa (https://bit.ly/3LQJe50). Además, se suman a las demandas de las también estadunidenses Odyssey Marine por la escandalosa cantidad de más de 3 mil millones de dólares y de Coeur Mining por 55 millones de dólares y a la de la canadiense First Majestic Silver por 500 millones de dólares (https://bit.ly/40y2fx7).
Hablo hasta aquí de demandas contra México sólo del sector minero. Sin embargo, bajo tratados de libre comercio (TLC) y tratados bilaterales de inversión (TBI), México tiene demandas pendientes por más de 6 mil millones de dólares, cifra que puede ser mucho mayor ya que hay información que no es pública (ver listado de demandas en: https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/).
Es lamentable que ante la andanada de demandas contra México, por regular en favor del ambiente o hasta por negarse a reprimir resistencias pacíficas, el escrutinio de los tratados de protección de inversiones siga inexistente. México es el tercer país más demandado de América Latina y en su gran mayoría por empresas estadunidenses, canadienses o europeas, confirmando el carácter neocolonial de los regímenes internacionales de protección de inversiones (bajo TLC o TBI). Esta inacción contrasta con los muchos países que se enfrentan para desmontar el sistema. Los más recientes, este mes, han sido India, que ha anunciado la terminación de 68 tratados bilaterales de inversión (https://bit.ly/3lMVCZ1) y Noruega, que anuncia emular la tendencia de los países de la Unión Europea (de la cual no es parte) de derogar tratados bilaterales de inversión entre sí (https://bit.ly/42CCGwG).
Terminada la cláusula de legado del TLCAN en el T-MEC este junio, México seguirá sujeto a demandas de empresas energéticas de Estados Unidos. Pero además seguirá expuesto a demandas de empresas mineras de Canadá bajo el Tratado Transpacífico, y no sólo eso, también de Estados Unidos, pues como abogados recomiendan, sus empresas siempre pueden abrir filiales en otros países con tratados con México y demandarle con ellos. Lo que se llama “ir de compras de tratados”.
Para salir del neoliberalismo y del saqueo extractivista es urgente revisar los 31 TBI y 11 TLC que tiene México.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
