Tepoztlán, Mor., Habitantes de la comunidad indígena de San Andrés de la Cal que luchan contra la venta irregular de predios y las construcciones en las faldas de los cerros de su localidad han sido objeto de agresiones y amenazas de muerte.

Acusaron que la violencia en su poblado, antaño tranquilo, es producto de un entramado entre compradores y vendedores, en colusión con autoridades comunales y de los tres niveles de gobierno.

La paz se acabó hace tres años en San Andrés de la Cal, localidad de mil 500 habitantes ubicada a 31 kilómetros del centro de Cuernavaca, donde la mayoría de sus habitantes son campesinos que se dedican al cultivo de maíz, frutos y flores y a la producción de miel.

En 2020, explicaron, llegaron compradores de tierras “con mucho dinero” para adquirir miles de metros cuadrados en el oriente de la demarcación.

San Andrés de la Cal, al igual que la cabecera municipal de Tepoztlán, está situado en el corredor biológico Chichinautzin, y una parte se encuentra dentro del parque nacional El Tepozteco.

Los vecinos denunciaron que fuereños han comprado terrenos “que no están en venta ni se pueden vender”; pero lo hicieron de manera “ilegal y en colusión con representantes de los bienes comunales”, quienes otorgan las constancias de posesión.

Además, el ayuntamiento que encabeza el emecista David Demesa y sus antecesores entregaron los permisos de construcción, con la omisión y complicidad de empleados de dependencias estatales y federales encargadas de proteger el medio ambiente, acusaron.

Ante la oposición de la comunidad a que continúe la venta irregular de predios, empezaron ataques como incendios de vehículos, negocios y casas con bombas molotov, así como amenazas de muerte contra los inconformes.

La zona invadida por los fraccionadores está formada por 72 parajes de 90 mil metros cada uno; es decir, poco más de 600 hectáreas, las cuales están en las faldas de la zona cerril del poblado y forman parte de las áreas naturales protegidas de Morelos.

“Nuestros abuelos se adelantaron en su tiempo para evitar invasiones y construcciones. Se organizaron y pusieron a resguardo las faldas de los cerros que delimitan la comunidad con la especificación de que eran de conservación; es decir, no se puede vender ni edificar ahí”, explicó un lugareño que pidió el anonimato por seguridad.

Sin embargo, uno de los 72 parajes ya lo vendió una familia en complicidad con las autoridades comunales, municipales, estatales y federales, afirmó. Sin embargo, vendieron el mismo paraje tres veces a diferentes compradores; dos aceptaron retirarse debido al conflicto legal y ambiental en que se vieron inmiscuidos, y uno persistió.

Se trata de Horacio Zavaleta Pineda, quien dice ser médico oftalmólogo “con mucho dinero e influencias” y adquirió el predio en diciembre de 2020. Además, se niega a abandonar el pueblo.

La gente atribuyó a esta “supuesta compraventa” y la defensa férrea de la franja comunal “la violencia extrema en su contra”, y advirtió que si los opositores son asesinados, será por la defensa del medio ambiente y los cerros.

Las agresiones comenzaron después de enero de 2022, cuando Zavaleta, ostentándose como dueño, mandó limpiar el paraje para construir “un jardín botánico”, según dijo a los vecinos. Hasta colocó letreros a los árboles y a las nopaleras. Sin embargo, su propósito era edificar un hotel.

Como no se aceptó el cambio de uso de suelo, los pobladores le pidieron que devolviera el paraje comunal. El médico les ofreció entonces edificar una clínica con atención gratuita, una iglesia y dinero “para que lo dejaran en paz”.

Los lugareños lo obligaron a firmar un desistimiento ante una autoridad municipal, el cual no cumplió, y cada vez que iban a sacarlo del paraje les gritaba: “¡Indios negados al desarrollo y al dinero!”

En junio de 2022, el pueblo logró expulsarlo, con la advertencia de que si volvía le darían una golpiza. En respuesta, Horacio Zavaleta dijo que “no buscaría a quién se la hizo, sino a quién se la pagara”.

La madrugada del 10 de septiembre de ese año, dos automóviles fueron incendiados. En octubre, dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron bombas molotov a las fachadas de un negocio y de una vivienda. En febrero pasado, en la calle explotó una bomba casera que “casi cimbró a todo el pueblo”, narraron lugareños.

Todo fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado y acudieron policías estatales y efectivos militares, pero no se ha hecho nada para defender a San Andrés de la Cal.

Los activistas aseguran que desconocidos se les han acercado para decirles: “¿Quieres amanecer en una bolsa negra de basura, muerto? No sabes a qué le estás jugando. ¡Te va cargar la chingada!” Señalaron que las amenazas las hace gente contratada por el médico. “En un pueblo chico, todo se sabe”, dijo uno de ellos.

“No se vende”

En la entradas a la localidad y en las inmediaciones de los cerros hay letreros que dicen: “Parque Nacional El Tepozteco. Las áreas naturales protegidas cuentan con una zonificación. Por lo tanto, no son susceptibles de venta y no se puede construir en cualquier sitio. Hacerlo constituye un delito federal tanto para la persona que compra como para la persona que vende.¡No te dejes sorprender! ¡Si construyes te quedas con un problema y sin tu dinero!”

Pero compradores y vendedores, que son los menos de esta comunidad, ignoran los letreros. Vecinos aseguraron que al menos cuatro parajes ya se ofertaron.

Aunque interpusieron quejas ante el ayuntamiento de Tepoztlán, las autoridades no se han presentado para impedir la ocupación de estos predios.

En los terrenos ya hay cuatro con construcciones, tres viviendas pequeñas y una grande, lo que parece ser un hostal con un “falso jardín botánico”, expusieron.

Los pobladores añadieron que tras la expulsión del oftalmólogo, en junio de 2022, éste regresó escoltado por cuatro patrullas municipales y elementos del gobierno del estado. Por ello, afirman que existe colusión de autoridades de los tres niveles de gobierno.