A cambio de 300 pesos por demoler los restos de un inmueble en ruinas en la colonia Nápoles, 18 trabajadores de la construcción fueron arrestados bajo cargos de despojo y robo a casa habitación por policías adscritos a la alcaldía Benito Juárez, a cargo del panista Santiago Taboada.

En octubre de 2021, los albañiles fueron contratados por la empresa propietaria para derribar el lugar; todavía no ingresaban cuando se ejecutó un operativo de policías del órgano administrativo, los arrestaron acusados de despojo y robo, relató en entrevista la abogada de los afectados Cinthya Almazán.

Al hallar inconsistencias en los testimonios de los uniformados por la detención, el grupo de trabajadores fue liberado; sin embargo, luego de una apelación de un supuesto ocupante del inmueble se giraron órdenes de aprehensión contra todos.

Uno de ellos fue capturado y se encuentra preso desde hace siete meses, los 17 restantes están escondidos, explicó la litigante, quien resaltó dos irregularidades en el caso: la forma en la que actuaron los policías de esa alcaldía y la misteriosa aparición de un ocupante, quien declaró que al momento de la supuesta irrupción se estaba bañando, pese a que el inmueble se encuentra en ruinas.

“Protección civil de la demarcación declaró el lugar como inhabitable, no hay manera de que alguien viviera ahí; entonces, se nos hace muy extraña la aparición de alguien que se dice poseedor del propiedad y luego el uso de la Policía Bancaria para la supuesta detención, eso sólo se da en Benito Juárez, o sea, llegaron estas patrullas de radar con 15 o 20 efectivos, eso no sucede ni en casos graves como violencia familiar”, comentó la abogada, y agregó que hay fotografías y videos que respaldan los testimonios de los afectados.

Apenas la semana pasada las esposas de los trabajadores se manifestaron para pedir celeridad en la resolución del caso.

Almazán comentó que se trata de una injusticia cometida por los agentes, lo que ha puesto en una situación de vulnerabilidad a las familias de los trabajadores cuyas edades oscilan entre 19 y 44 años.

“Esto ya es insostenible porque son mujeres que han tenido que hacer frente al problema, han tenido que salir a trabajar, ver cómo asumen los gastos y mantener a toda la familia. Este tipo de injusticia ha impactado su vida.

“Una familiar de quien se encuentra preso dice que sus hijos tienen muchos meses sin ver a su papá, cuando él es una persona decente que trabaja y está sometido en este proceso en su afán de ganarse 300 pesos para demoler.”