El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, aprobado por el Senado, ayudará a acabar con la “impunidad” en este ámbito y reducirá esta “violencia económica” ejercida principalmente por los padres contra mujeres, niños y adolescentes, coincidieron abogadas feministas.
Anabel Ruiz y Carla Aguilar, integrantes de Netwomen, dijeron a La Jornada estar de acuerdo con la medida, porque ni siquiera la posibilidad de ir a prisión por no brindar sustento a los hijos ha evitado que se evada esa responsabilidad.
“Ante grandes problemas, grandes soluciones, y aunque pudiera pensarse que el registro es una forma muy agresiva de tratar de solucionar un problema, la verdad es que otras soluciones, como que un deudor pueda ir a la cárcel, no lo han solucionado.
“Me dediqué un tiempo a temas familiares, y los señores prefieren renunciar a trabajos bien remunerados y esconder propiedades e ingresos para no dar manutención a sus hijos y que la responsabilidad quede en las mujeres. La difusión de esta idea estereotipada de la mamá luchona ocurre porque hay muchos padres ausentes tanto en el cuidado como en lo económico”, precisó Anabel.
En el foro Creciendo juntas, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, insistió en que no pagar la manutención es algo muy común. Agregó que siempre habrá inconformidad de ciertos sectores cuando se toman medidas tendientes a acabar con prerrogativas.
“Las voces siempre se van a levantar cuando se pierden los privilegios de parte un sector y acusarán discriminación o falta de empatía. En este caso los hombres se han salido con la suya en no dar manutención a sus hijos, y ese es un privilegio que las mujeres no tenemos”.
Carla expresó que “se requiere tomar ese tipo de medidas para acabar con la impunidad de los deudores alimentarios”, quienes ahora probablemente cumplan con sus obligaciones debido a las reformas realizadas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Pensiones Alimentarias, pues si están inscritos en el registro no podrán tramitar licencias de conducir o pasaportes, ocupar cargos de elección popular ni salir del país.
“Ojalá empiecen a darle la importancia que tiene la pensión alimenticia. No teníamos que llegar a este punto para que se volviera una prioridad, pero sabemos cómo funciona el sistema de justicia en México y lo que las mujeres tienen que luchar para obtener la pensión alimenticia”.
Destacó que negar esos recursos es violencia económica hacia las mujeres, pero sobre todo hacia las infancias y adolescencias que en muchas ocasiones se ven obligados a incorporarse “desde muy temprano al trabajo”, con los riesgos que eso implica en cuanto a continuar estudios, por ejemplo.
Coincidieron en que el registro debe ser aplicado “de la mejor forma posible” a fin de que “no sea letra muerta” y abone al cumplimiento de obligaciones.
