La suspensión del plan B de la reforma electoral anunciada el viernes llevó a integrantes del opositor Frente Cívico Nacional (FCN) a niveles de exultación y a imaginar escenarios de triunfo para este año y el próximo.

“¡Sí se pudo, chingao!”, gritó el senador Emilio Álvarez Icaza al inicio del segundo Consejo Nacional del FCN, aunque enseguida uno de los asistentes lo interrumpió para atajar los ánimos triunfalistas. “Dimos un pasito hacia al frente; es suspensión provisional. El peligro sigue”, expresó.

“Es correcto”, respondió el legislador, al tiempo que asentían los impulsores y simpatizantes del FCN, señalado por ellos mismos como iniciativa ciudadana.

La marca del proyecto queda clara con los integrantes de la mesa del consejo: Cecilia Soto, ex candidata presidencial por el PT, y Ana Rosa Payán, en su momento postulada por el PAN y luego por Movimiento Ciudadano, quienes arengaban a los presentes: “La Corte tiene misión: defender la Constitución”.

También estaban Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo y Raúl Flores (PRD); Gustavo Madero y Minerva Hernández (PAN), y los priístas Ignacio Peralta y Mariana Moguel.

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada (PAN), más bien era el anfitrión, pues aunque en los discursos se dijo que el FCN “no tiene un peso de recursos públicos”, el gobernante facilitó las instalaciones de un gimnasio contiguo a la Alberca Olímpica.

Los diputados, en lucha

En tanto, en la Cámara de Diputados PRI y PAN aseguraron que seguirán en lucha hasta que el plan B sea anulado por completo. Jorge Romero Herrera, coordinador de los panistas, manifestó: “Somos más los que estamos con la democracia y con la Constitución”.

Los blanquiazules insistieron en que la Corte “está demostrando que la division de poderes prevalece y que protegerán nuestra Constitución. El plan B es un atentado contra la democracia y nuestras instituciones encargadas de protegerla. Buena noticia para los mexicanos”.

Rubén Moreira, coordinador de los priístas, afirmó que la reforma es “muy endeble en términos jurídicos, pues tiene deficiencias en su aprobación, en su contenido y en su constitucionalidad, además de que lesiona los derechos humanos, por lo que se puede anular en definitiva”.