En el contexto del 52 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), agrupaciones sociales demandaron que el Estado mexicano atienda el desplazamiento forzado interno, particularmente cuando las víctimas son menores de edad, así como que se garantice la protección de defensores y activistas.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) refirió que según proyecciones del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), de los casi 380 mil desplazados en México, más de 100 mil son niños y adolescentes.

“Estos niños han sobrevivido a ataques y enfrentamientos armados, amenazas, reclutamiento forzado, asesinatos y desapariciones de familiares y situaciones de violencia generalizada”, expuso Ligia de Aquino, coordinadora del área de desplazamiento interno de la CMDPDH.

En su participación de manera remota en el periodo de sesiones del consejo, que se lleva a cabo del 27 de febrero al 4 de abril, señaló que la niñez desplazada “está sujeta a condiciones de vida inadecuadas”, con inseguridad alimentaria, falta de acceso a educación y servicios médicos. “Aun en este contexto no existe una institución encargada o políticas e instrumentos, rutas de acción que garanticen su protección y atención especializadas”, sostuvo.

Sobre los defensores de derechos humanos y activistas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria aseveró, en voz de Cassandra Meléndez, que pese al esfuerzo para impulsar un mecanismo de protección efectivo, estas personas, particularmente defensoras de tierras y territorio, la comunidad de la diversidad sexual y quienes visibilizan la violencia contra las mujeres “siguen enfrentando riesgos y amenazas”.

Exigió la presentación con vida de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el 15 de enero pasado, y la liberación de Kenia Inés Hernández, presa desde 2020.