Los periodos de consulta sobre la iniciativa de la Ley de General en materia de Humanidades Ciencias, Tecnología e Innovación, promovida por el Conacyt, han concluido, pero un buen número de investigadores propone participar en la discusión en un parlamento abierto, libre y plural.

Los principales afectados y reclamantes son, ni más ni menos, los miembros de los Centros Públicos de Investigación (CPI), que habían funcionado durante varias décadas bajo la égida de Conacyt y cuentan con financiamiento federal.

Los CPI –léase el CIDE, Ciesas, Instituto Mora, CIO, Ecosur, Ciateg, Inaoe, Colef, Colmich, Colsan y varios más– fueron creados fuera del sistema universitario, con el fin de promover la investigación y la docencia a nivel de posgrado. El balance general ha sido muy positivo, pues en 30 años el panorama universitario se ha transformado de tener una inmensa mayoría de licenciados dando clases, ahora tenemos decenas de miles de docentes con maestría y doctorado.

Por otra parte, la investigación se ha potenciado de manera increíble en muchas áreas del conocimiento a partir del trabajo de los investigadores de estos centros públicos de investigación. La inmensa mayoría de los docentes e investigadores de estos centros son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que asegura un nivel de excelencia en sus indagaciones y trabajo docente.

Los egresados de estos centros han incidido de manera directa y muy significativa en las universidades del país, tanto públicas como privadas. Hoy en día muchas de ellas sólo contratan académicos con grado de doctor. A su vez, el ejemplo y la competencia promovieron un cambio revolucionario en las universidades que empezaron a contratar docentes con posgrados y, a su vez, se multiplicaron las maestrías y doctorados a lo largo y ancho del país, apoyados con las becas del Conacyt.

El panorama universitario se ha transformado radicalmente, en buena parte por la influencia de los CPI y por la propia dinámica generada en los centros universitarios que han decidido apoyar la investigación e incentivar la formación y capacitación de sus docentes. La mayoría de los sindicatos de esas casas de estudio han apoyado la formación de sus agremiados con becas y permisos para cursar posgrados.

No obstante, la propuesta de ley mencionada deja a los CPI en situación complicada en cuanto a libertad de investigación, los órganos colegiados, las juntas de gobierno y su condición laboral. Según los investigadores firmantes, la propuesta de ley “subordina la generación de conocimiento a una agenda nacional, dictada por el gobierno, sin participación de la comunidad académica”. El propio Conacyt queda subordinado totalmente al gobierno en turno, dado que su junta de gobierno “estará formada por representantes de las 13 secretarías de Estado, sin participación de representantes de instituciones, asociaciones y organismos académicos”. Entre esas secretarías es también preocupante que se encuentren el Ejército y la Marina.

Esta disposición burocrática de puestos asignados a representantes de dependencias se refleja en la normativa en los propios centros de investigación, lo que desalienta y minimiza la autonomía de sus órganos colegiados. Según esto, se niega la voz y el voto al personal académico en los órganos de evaluación y de gobierno, al estipular que “la Administración Pública Federal deberá tener una representación significativamente mayoritaria” en la aprobación del presupuesto, designación de directores y lineamientos en general.

En resumen, los CPI no son autónomos, de hecho, nunca lo fueron, pero se habían logrado importantes avances en cuanto a los órganos colegiados y las auscultaciones al personal académico en la designación de autoridades. De igual modo se había avanzado notablemente en el ingreso de nuevos miembros por concurso abierto.

Otro aspecto relevante es que los CPI han quedado encasillados como si fueran paraestatales, y por ende los investigadores son ahora reconocidos como funcionarios, ello implica que tienen que presentar su declaración patrimonial. Peor aún, se supone que serán considerados trabajadores de confianza, lo que puede prestarse a cantidad de abusos y a limitaciones y coerciones en la esfera de la investigación académica que requiere ser independiente y autónoma.

Si bien los investigadores reconocen avances importantes en la propuesta de ley, también señalan una serie de puntos que consideran conflictivos y que afectarán directamente su labor docente, de investigación y de sus organismos colegiados, que tanto esfuerzo demandaron de la comunidad.

Los investigadores de los CPI son parte relevante de la comunidad universitaria nacional y deberían ser homologados con sus pares académicos y no con la burocracia estatal, que desempeña otras funciones.