Sobrevivientes y familiares de víctimas de la guerra sucia ingresaron al Campo Militar 9-A General Ramón F. Iturbide, en Culiacán, Sinaloa, para constatar que en este lugar, décadas atrás, estuvieron detenidos ilegalmente y fueron torturados, además –según testimonios–, se perpetraron algunas ejecuciones extrajudiciales.
Fueron 25 víctimas directas e indirectas que ingresaron a este espacio castrense, como parte de las diligencias que lleva a cabo la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
En conferencia, el historiador Camilo Vicente Ovalle dio a conocer los resultados preliminares de esta inspección que se realizó el jueves pasado, con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre ellos destaca la evidencia previamente recabada (archivos, documentos oficiales, reportes de comandantes militares y planos), así como el análisis fotográfico y los testimonios de los sobrevivientes, que permitieron identificar el sitio “donde personas pudieron haber estado detenidas y desaparecidas” entre las décadas de los 60 y 80.
Indicó que la identificación del lugar fue acompañada por las labores de criminalística de la Comisión Nacional de Búsqueda y por el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Agregó que a partir de cuatro testimonios de sobrevivientes fueron señalados otros sitios dentro del campo militar que formarán parte del proceso de indagación.
David Fernández Dávalos, integrante del mecanismo de acceso a la verdad, destacó que de confirmarse las evidencias, “quedaría acreditada la comisión de graves violaciones a los derechos humanos con la participación de las fuerzas armadas”.
Lo recabado, añadió, “certificaría la existencia de un circuito de detención y desaparición durante la época de la violencia del Estado; es decir, las policías locales, las zonas militares, el Campo Militar número uno, y para algunos casos los vuelos de la muerte. Un circuito perfectamente organizado, fruto de la colusión de agentes del Estado”.
Entre los sobrevivientes que acudieron a la inspección estuvieron Cirilo Cota Rodríguez, Juan Manuel Hernández Deras, Martha Alicia Camacho Loaiza y Ramón Galaviz Navarro, todos ex integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Dolorosos recuerdos
Las víctimas reconocieron el lugar donde estuvieron detenidas clandestinamente, los espacios y un baño, entre otros espacios que los llevaron a recordar el sufrimiento que padecieron.
Para Martha Alicia Camacho lo vivido el jueves fue un momento “de catarsis indescriptible”.
Expuso que, en uno de los espacios, evocó “el momento cuando me llevaron ahí junto con mi esposo, él fue torturado y ejecutado extrajudicialmente”. Identificó también otro lugar donde había personas detenidas y un posible crematorio.
Lamentó que militares les tomaran fotografías durante el recorrido por la zona castrense.
Fernández Dávalos señaló que después de esta inspección se requiere profundizar las investigaciones en el sitio.
La comisión tiene contempladas otras actividades de reconocimiento en instalaciones militares de Oaxaca y Guerrero.
En septiembre del año pasado se llevó a cabo la primera inspección de este tipo en el Campo Militar 1.