Nueva York. Tras casi dos años y haber gastado por lo menos 1.4 millones de dólares, la DEA publicó ayer una revisión externa a sus operaciones en el extranjero que dio poca importancia a los recientes escándalos de corrupción y ofreció una serie de recomendaciones que son, de acuerdo con los críticos, demasiado vagas.

“El reporte es sumamente vago en su evaluación real de los problemas conocidos de la DEA y en las soluciones para resolverlos”, dijo el senador Chuck Grassley, de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado. “Esto habla del esfuerzo más amplio de la agencia para eludir la supervisión. La agencia ha intentado eludir mis investigaciones de supervisión, pero tengo la intención de seguir adelante”, añadió.

La pesquisa externa se anunció en 2021 a raíz de un reporte de The Associated Press sobre los delitos de José Irizarry, ex agente de la DEA que cumple una condena de 12 años en una prisión federal tras confesar haber lavado dinero para los cárteles colombianos y haber sustraído millones de dólares de las incautaciones y de los informantes. Este caso sólo tuvo un párrafo en el informe.

El informe apenas menciona el desorden que ha sacudido las operaciones de la DEA en México, donde la cooperación entre las fuerzas del orden público se vino abajo durante el mandato de un director regional que fue destituido discretamente de su cargo por mantener contactos indebidos con abogados de narcotraficantes.

La Ap reportó a principios del año que Nicholas Palmeri estuvo en el puesto 14 meses y dejó el cargo antes de que un reporte de la oficina del inspector general encontrara que solicitó un rembolso del gobierno para pagar su fiesta de cumpleaños.

Palmeri llegó a México luego de uno de los reveses más grandes de los últimos años en la guerra contra el narcotráfico encabezada por Estados Unidos: la frustrada detención del ex secretario de Defensa Nacional de México Salvador Cienfuegos, detenido bajo una orden de arresto estadunidense relacionada con narcotráfico en Los Ángeles en 2020, sólo para ser liberado poco después bajo la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tomó represalias disolviendo una unidad policial de élite que era un aliado clave de la DEA.

Ni ese incidente ni la detención de otro destacado aliado de Estados Unidos –el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna– se mencionan en el informe.