El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que luego del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la iglesia de Cerocahui, Chihuahua, junto con un guía turístico, perpetrado en junio pasado, el gobierno estatal de la panista Maru Campos le propuso que el Ejército y la Guardia Nacional (GN) salieran de la región a cambio de que aparecieran los cuerpos de las víctimas, que fueron robados tras el ataque.

“Hay propuestas indecorosas siempre”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional. “Uno decide si las acepta o no”, agregó al puntualizar que él rechazó el condicionamiento y ordenó que las fuerzas federales continuaran su labor en el estado.

Los clérigos Javier Campos Morales, de 78 años de edad, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, así como una tercera víctima, Pedro Eliodoro Palma, fueron asesinados en junio de 2022 por una célula de sicarios del cártel de Sinaloa, que hurtaron sus cuerpos. Entre los autores materiales del atentado las autoridades identificaron a José Noriel Portillo Gil, El Chueco, cuyos restos fueron localizados el 18 de marzo en Sinaloa, con un impacto de bala en la cabeza.

Al preguntarle en la mañanera sobre la muerte de El Chueco, López Obrador dijo que fue “ajusticiado”, pero que se ignora por quién, y afirmó que si bien su gobierno espera que con esto haya menos violencia en Chihuahua, el Ejército y la GN seguirán resguardando a la población.

–¿Quién le hizo la propuesta de sacar al Ejército de la zona?–, se le preguntó al mandatario.

–El gobierno de Chihuahua–, respondió.

“Esto que estoy diciendo ahora, que no podía yo decirlo por razones de seguridad, es también un informe para el comisionado de derechos humanos de la ONU, que sólo se ha dedicado a acusarnos, ojalá y tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa”, añadió.

Gobierno de Chihuahua niega condicionamiento

El gobierno de Chihuahua negó que haya solicitado la salida del Ejército y de la GN de la zona serrana de Urique y que funcionarios estatales hayan condicionado al gobierno federal después del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, como afirmó ayer en su conferencia matutina el presidente López Obrador.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Jáuregui Moreno, deslindó a la gobernadora, la panista María Eugenia Campos Galván, de la impunidad que tuvo José Noriel Portillo Gil El Chueco en anteriores administraciones, específicamente en el gobierno del también panista Javier Corral Jurado (2016-2021).

Afirmó que Portillo Gil “estuvo en la absoluta impunidad, prácticamente como Juan por su casa” entre 2018 y 2021, y es a partir de la actual administración estatal que el Ejército ha sido aliado para el restablecimiento de la paz en la sierra Tarahumara.

“Sinceramente, creo que el Presidente está muy mal informado sobre la situación, ¿qué caso tendría, si dos meses antes andábamos ya sobre él, hicimos un operativo con la Marina, desmantelamos mucho de la infraestructura que El Chueco tenía, con un decomiso importantísimo, para después andar pidiendo que se fueran cuando el operativo lo realizamos juntos en abril, me parece que el Presidente tiene otros datos”, acotó Jáuregui.

(Con información de Jesús Estrada y Rubén Villapando, corresponsales)