La empresa Calica, filial de la estadunidense Vulcan Materials, “ha escalado el ataque” contra las comunidades aledañas a la mina y del gobierno mexicano, al grado de “politizar” el tema no sólo en tribunales internacionales, sino en el Congreso de Estados Unidos para “exigir una indemnización” millonaria a costa del grave deterioro ambiental y la violación de los derechos humanos de los habitantes mayas, aseveraron defensores y especialistas en la materia.

En un foro virtual coordinado por la ONU realizado desde Nueva York en el Día Mundial del Agua, los activistas señalaron que la minera se ha tratado de “apoderar, como si fuese una propiedad, del territorio mexicano para seguir contaminando” el manto freático del que dependen miles de personas y comunidades indígenas de Playa del Carmen, en Quintana Roo.

Raúl Benet, defensor ambiental, explicó que en los años 80 se otorgó a Calica la concesión para extraer piedra caliza y en el último día del sexenio del priísta Ernesto Zedillo se le concedió otro permiso para obtener la roca mediante la detonación de grandes cantidades de explosivos del tipo de hidrogeles, por debajo del manto freático.

En un mensaje videograbado transmitido en el foro, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, coincidió en que “es evidente la devastación ambiental” en más de 2 mil 400 hectáreas en la zona de Playa del Carmen ocasionada por la empresa en más de tres décadas, la cual en lugar de remediar y compensar los daños “decidió demandar al gobierno mexicano en tribunales internacionales para proteger sus inversiones, mientras el aire, el agua y la tierra” de las comunidades sigue contaminada.

Desde que se instaló la empresa en 1985, se tiene documentada la devastación de 926 hectáreas de selva y manglar, además de que “se ha fragmentado” un corredor biológico relevante para especies en peligro de extinción, como el jaguar, sostuvo en su intervención Adrián Pedrozo Acuña, director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

En sus estudios, indicó, el IMTA constató que la minera Calica afectó los ríos subterráneos y la hidrología local. Con las explosiones se generaron “grandes fosas de agua, un estanque que la empresa tiene al interior de sus instalaciones, parando los flujos y entorpeciendo la salud” de los ríos y deteriorando la calidad del agua de todos los cenotes a su alrededor, que las comunidades antes utilizaron para el turismo local y “hoy día han sido abandonados” por la reducción en sus niveles de agua.

Añadió que al inspeccionar la calidad del agua en 21 cenotes alrededor de la minera, se encontró contaminación por nitritos, un compuesto que se genera por las explosiones de amonio de nitrato, que a su vez es la materia prima principal para la fabricación de explosivos de alta potencia tipo ANFO y que la empresa utilizaba para sus voladuras a cielo abierto.

El polvo de las explosiones ocasiona problemas de salud en niños y ancianos de las comunidades indígenas aledañas al municipio de Solidaridad, señaló Quetzal Tzab, líder maya y especialista en derechos humanos en pueblos indígenas.

Defensores ambientales demandaron el cierre definitivo de la mina, al tiempo que reconocieron la decisión del gobierno mexicano de clausurarla, ya que, puntualizaron, lo que piden es un resarcimiento por los daños y la violación a sus derechos de un medio ambiente sano, a agua de calidad y libre de contaminación.