Madrid. Las movilizaciones durante nueve días consecutivos en Francia por la reforma de pensiones, muchas de ellas protagonizadas por estudiantes y trabajadores combativos, también han tenido una respuesta contundente por parte de las autoridades francesas, que han emplazado a más de 12 mil agentes para reprimir la revuelta popular, informó ayer la prensa francesa.
Este hecho ya provocó el malestar en diversos organismos internacionales, como el Consejo de Europa, que habla de un “uso excesivo de la fuerza”, la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, entre otras.
Una de sus preocupaciones es la altísima cifra de detenidos: sólo en la jornada de antier se reportaron 457, pero desde el inicio de las protestas a raíz de la aprobación por decreto de la reforma de las pensiones la cifra ya supera los mil 500.
En la huelga general del jueves, la novena desde el comienzo de las movilizaciones, se registraron escenas de intensos enfrentamientos entre los inconformes y las fuerzas del orden, que emplearon sin medida gases lacrimógenos, agua a presión, granadas de humo y de aturdimiento, así como sus macanas. Los datos del Ministerio del Interior son elocuentes: 457 arrestados, 4411 oficiales heridos, más de 900 incendios y abundantes daños materiales en el mobiliario urbano.
De ahí la preocupación en diversos organismos internacionales, a pesar de la postura oficial del presidente Emmanuel Macron y de su ministro del Interior, Gérald Darmanin, que no sólo “no lamentan el uso excesivo de la fuerza en los dispositivos policiales”, sino que además volvieron a atacar a los activistas, al llamarlos “facciosos”.
En una comparecencia en Bruselas, Macron expresó su apoyo a la corporación de seguridad pública y a su ministro del Interior, al afirmar que “he visto escenas en las que nuestros gendarmes han sido objeto de ataques completamente desproporcionados a manos de militantes extremadamente violentos y equipados para la lucha. El uso de la violencia en la democracia no es un derecho”.
Pero desde el Consejo de Europa, la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, señaló en un comunicado que: “Se han producido incidentes violentos, algunos de los cuales han tenido como objetivo a los gendarmes, pero los actos esporádicos de violencia por parte de algunos manifestantes u otros actos reprobables cometidos por otros durante una protesta no pueden justificar el uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado. Estos actos tampoco son suficientes para privar a los manifestantes pacíficos del derecho a la reunión y manifestación”.
Desde la ONU, el relator para la libertad de asociación, Clement Voule, explicó que “Es importante recordar que las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental que las autoridades deben garantizar y proteger y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben facilitar su desarrollo y evitar el uso excesivo de la fuerza”.
En este clima de tensión, la jornada de ayer fue más tranquila en cuanto a manifestaciones, pero siguen los paros y huelgas indefinidas en sectores claves para la economía.
De hecho, el gobierno francés ordenó la intervención en las refinerías para que llegue el combustible a las estaciones de carga y a los aeropuertos, los cuales pasan una situación crítica. Tres de cada 10 gasolineras francesas tienen problemas de abastecimiento, según informó el Ministerio de Transición Energética.
Cancelan visita del rey de Inglaterra
A consecuencia de las protestas, el gobierno anunció la anulación de la visita oficial del rey de Inglaterra, Carlos III, prevista para mañana. Los sindicalistas de la CGT advirtieron la víspera que no colocarían “alfombra roja ni el mobiliario acorde con un cita de este nivel”.
Macron sostuvo que tomó una decisión “de sentido común, ya que no seríamos serios y nos faltaría cierto sentido común al proponer a su majestad el rey Carlos III y a la reina consorte venir en visita de Estado en medio de las manifestaciones”.
