Por la detención arbitraria ejecutada en 2009 por elementos de la entonces Policía Federal contra una persona que estuvo presa por cerca de ocho años, tras acreditarse su no responsabilidad en los delitos que se le imputaban, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Como medidas de satisfacción pidió que, de manera coordinada, se emita una disculpa institucional a la víctima para que se restablezca su dignidad o reputación sin causarle mayor daño o se atente contra su seguridad o la de sus familiares.

Además, solicitó a la dependencia la más amplia colaboración para proceder de forma inmediata con los trámites necesarios para la reparación integral de los daños, que deberán incluir una medida compensatoria para el agraviado y cinco de sus familiares, entre ellos sus hijos.

Deberá colaborar ampliamente en el seguimiento y trámite puntual para continuar con la integración de la averiguación previa, que ya se encuentra abierta, con el fin de investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados.

En la recomendación 23/2023, la CNDH refirió que la víctima señaló que no existió documento alguno que justificara la actuación de los elementos policiacos y que sufrió daños sicológicos, morales y económicos en su persona y su familia por haber estado preso durante siete años y 10 meses, acusado de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, con sentencia inicial de 94 años de prisión.