Familiares de Javier Valdez y Miroslava Breach, corresponsales de La Jornada asesinados en 2017, advirtieron en el Senado que aún no llega la justicia plena para los dos reporteros ultimados por su trabajo periodístico, pues los autores materiales e intelectuales de su muerte siguen en la impunidad.

Al participar en la presentación del libro Impunidad sistémica, en el que se analiza la investigación y judicialización de los dos homicidios, Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, demandó al gobierno federal la extradición de Estados Unidos de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, autor intelectual del crimen.

Recordó que López Serrano se entregó a las autoridades estadounidenses en julio de 2017 por otros delitos, no por el asesinato de Javier, pero fue liberado; dijo temer que se convierta en testigo protegido. Consideró que debe ser extraditado para que rinda cuentas ante los tribunales sobre el asesinato del periodista.

Rosa María Breach resaltó que en el caso de su hermana, Miroslava, se han registrado dos sentencias condenatorias, pero aún quedan grandes retos que las autoridades deben resolver. Por ejemplo, aún hay ordenes de aprehensión por cumplimentar contra delincuentes identificados y cuyo paradero se conoce.

A seis años del homicidio perpetrado contra la comunicadora, destacó que hay asesinos intelectuales y materiales que siguen impunes, por lo que clamó por justicia, al igual que Griselda Triana.

También expuso que el proceso de procuración de justicia ha sido largo, complejo y tortuoso, y han tenido que luchar contra la opacidad, la inactividad y la ineficiencia de instituciones, así como la corrupción y mala fe de algunas autoridades.

Durante la presentación del libro elaborado por la organización social Propuesta Cívica, Guillermo Fernández Maldonado, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que los ataques contra periodistas son cada vez más numerosos, y van desde el ciberacoso y acoso judicial hasta la desaparición y el asesinato. Todo ello, expuso, florece en un contexto de impunidad que obedece a diversos factores, como falta de capacitación del personal encargado de procuración de justicia y revictimización de las personas que denuncian.

Hizo un llamado a los legisladores a priorizar la asignación de recursos mínimos para que instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión cuenten con personal suficiente y calificado, a fin de que la impunidad deje de ser la regla y se convierta en algo excepcional. Una fiscalía con 20 personas no reúne las capacidades para investigar de manera eficaz, apuntó.