Chihuahua, Chih., El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dio a conocer este jueves que José Noriel Portillo Gil, El Chueco, además de un disparo en la cabeza, recibió otros 15 en diferentes partes del cuerpo, que corresponden a 16 cartuchos percutidos de rifle AR-15 localizados en el lugar donde se encontró su cadáver.

“Presenta muchos más impactos de bala; les dije de un balazo en la cabeza y que se encontraron 16 casquillos percutidos; parece que le metieron los 16, sólo que en las fotos no se aprecia”, afirmó en entrevista colectiva.

Interrogado sobre el móvil del crimen, respondió que será la fiscalía de Sinaloa la encargada de investigar el homicidio, porque ocurrió en su jurisdicción territorial.

“La investigación del homicidio de El Chueco le toca total y absolutamente a la fiscalía de Sinaloa, porque presumiblemente los hechos ocurrieron en su territorio; una vez que las autoridades de esa entidad realicen todos los peritajes correspondientes, el cuerpo será entregado a sus familiares”, dijo, aunque el miércoles se informó que su hermana se lo había llevado.

Explicó que “no se acudió a un hecho de que alguien hubiera señalado una balacera, sino que se encontró un cadáver, ya con cierto tiempo de estar a la intemperie”.

Expuso que al confirmarse la muerte de El Chueco, las carpetas de investigación que tenía abiertas la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y las órdenes de captura en su contra “han fenecido”.

José Noriel Portillo era buscado por las autoridades de esa entidad debido a su responsabilidad en el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como de dos civiles en Cerocahui, municipio Urique, en la sierra Tarahumara, asesinatos que perpetró el 20 de junio del año pasado.

También aparecía como responsable de al menos otros dos crímenes de alto impacto: de un profesor estadunidense, en octubre 2018, y de un activista de derechos humanos, 2019; desde 2018 había una orden de captura en su contra, pero nunca lo detuvieron.

Respecto a la ejecución y muerte de Portillo Gil, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la consideró resultado de los operativos policiacos de su administración y del gobierno federal en la región serrana de Urique, “más allá de méritos y medallas”.

La mandataria defendió que el despliegue de elementos de la fiscalía estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para disminuir la tala clandestina y eliminar la extorsión a proveedores de compañías mineras y la venta ilegal de cerveza, después del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, “impactaron de manera significativa a su organización criminal, obligándolo a reducir su campo de acción y trasladarse al estado vecino (Sinaloa)”.

Afirmó que “aunque los generadores de violencia sean capturados o abatidos, estamos focalizados en la resolución de este hecho; más allá de méritos y medallas, debemos dar certeza y seguridad a los chihuahuenses, por lo que la vigilancia y los operativos de nuestros elementos de seguridad se mantendrán”.

“Lo que sucedió responde a esa presión que ejercieron Sedena, Guardia Nacional, fiscalía estatal y Secretaría de Seguridad Pública del estado; esto no sucedió por magia ni por un conflicto que nada más se dio, es parte de la investigación y de los operativos que se han venido realizando.”

Mientras, Ricardo Palma, hijo de Pedro Palma, guía de turistas de Cerocahui quien fue asesinado junto con los jesuitas, comentó que la muerte de El Chueco “para nada debe considerarse un logro de algún nivel del gobierno; por el contrario, demuestra que el crimen organizado mantiene el control de Urique”.

En un comunicado, el obispo de la diócesis Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, destacó que la muerte de una persona (José Noriel Portillo) no frena el dolor por tantas víctimas de la violencia y la situación tan difícil y preocupante que estamos viviendo, “donde no solamente en la sierra, sino en todo el país, seguimos preocupados por la impunidad y por la falta del estado de derecho en toda nuestra sociedad”.

“Todo pareciera como un ajuste de cuentas; o pensar que una persona estaba estorbando para otros intereses y por eso había que eliminarlo. Como iglesia de la Tarahumara, no podemos callar o permanecer ajenos ante tanta desgracia y tanto dolor; ciertamente, reconocemos el esfuerzo de las autoridades por hacer justicia ante la muerte de nuestros sacerdotes; sin embargo, ¡esto no es lo que nosotros esperábamos, y menos queríamos!”