El gobierno federal sostuvo que las acciones de inteligencia están orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional, en particular asociados a la delincuencia organizada.

Tras referir el fundamento legal que avala esta práctica subrayó que “de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, únicamente se realizan para coadyuvar en tareas de procuración de justicia.

“Han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”, planteó la administración federal en un comunicado difundido horas después que en la mañanera de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se haría pública la posición de su gobierno en torno a la intervención de comunicaciones.

El mandatario indicó que estas acciones son realizadas por las corporaciones de seguridad con autorización judicial, como marca la ley, con fines de inteligencia y no de espionaje.

En el boletín, el gobierno mexicano señaló que el artículo 16 de la Constitución refiere que las comunicaciones privadas son inviolables, por lo que “las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez”.

Asimismo, enfatizó que los documentos difundidos en algunos medios informativos están relacionados con el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), específicamente al correo institucional, que contienen información de carácter público y no de naturaleza confidencial.

“Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente. Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las fuerzas armadas con objeto de afectar su imagen institucional. Por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”, remarcó.

Agregó que en la presente administración, la autoridad judicial ha detenido a mil 393 personas; de éstas, 27 “son relevantes” por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, entre ellos Ovidio Guzmán, líder de una de las células del cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Horas antes, en su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente resaltó: “Puedo decirles que el trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos”.

Ante la información sobre el supuesto uso ilegal del malware Pegasus por parte de la Sedena, el tabasqueño garantizó que “no hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia, porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza”.