El plan B electoral disminuiría la representación de personas con discapacidad y grupos históricamente vulnerados en las candidatura a puestos de elección popular, advirtieron organizaciones que representan a este sector de la población, quienes entregaron un amicus curiae a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exponiendo sus argumentos.

Cecilia Guillén, dirigente de la asociación En primera persona, explicó que esta proporción de representatividad fue reconocida desde 2021 por el Instituto Nacional Electoral (INE), en acatamiento a varias resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero ahora estos espacios se reducirían con la reforma comicial.

“El principal retroceso en derechos que implica el plan B es que ese mínimo de 50 espacios conquistados en 2021 ahora se reduce a la mitad para todos estos grupos. Y peor aún, no se define cómo serán distribuidos, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer esos criterios y se quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos.

“Las acciones afirmativas no son gestos de buena voluntad ni concesiones desde el poder. Se necesitan para garantizar la integración de un Congreso que visibilice y represente a todas las personas que habitamos este país”, explicó.