Ante diputados, el auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, informó ayer que obtuvo una suspensión definitiva para mantenerse en el cargo tras ser suspendido e investigado, en 2021, por afirmar que la cancelación del aeropuerto en Texcoco costaría 332 mil millones de pesos.

Señaló que la fiscalización “no es un instrumento de la disputa política” ni sus resultados deben verse como agravio.

Meses después de haber sido reinstalado y sin mediar pregunta, explicó a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que “la autoridad judicial federal” frenó el procedimiento administrativo en su contra con la suspensión definitiva.

“La fiscalización no debe entenderse como un acto de valentía personal ni de osadía de una institución a otra, sino como una función del Estado. En un régimen de equilibrio de poderes nadie debe extrañarse porque uno de éstos ejerza sus facultades.

“Por el contrario, esa interacción, en la que un poder cuestiona y otro responde, en el marco de la ley, es lo propio en la normalidad institucional de las democracias. A su vez, es el camino para mejorar el conjunto de las funciones públicas y así lograr que cada peso contribuya al bienestar de la población.”

Caso Raphael insistió en que el ámbito de la fiscalización “no es para señalar ofensas ni considerar que todo lo que realiza un gobierno puede ser señalado como equivocado o acertado a 100 por ciento. No hay por qué ver en cada auditoría un agravio”.

Y un resultado con pocas observaciones, agregó, “tampoco debe entenderse como elogio político, sino más bien el resultado de un proceso de fiscalización fundamentado y motivado que busca el bienestar social”.

El auditor aseguró que no tiene “ninguna motivación política; somos profesionales desde hace más de 50 años”.