Ciudad de México. Víctimas de la violencia armada, activistas, organizaciones, académicos, fiscales estadunidenses y cinco países caribeños, entre otras instancias, apoyan la apelación presentada por el gobierno mexicano en un tribunal del vecino país del norte para que avance su demanda en contra de los fabricantes de armas de ese país.

México demandó el año pasado a empresas de armas estadunidenses cuyas prácticas negligentes e ilícitas alimentan activamente el tráfico de armas. El 14 de marzo, el gobierno mexicano presentó por escrito su apelación a la sentencia emitida por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, que determinó que una ley de inmunidades en Estados Unidos protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, aun cuando sus conductas causen un daño en México.

Conforme a la legislación estadunidense, cualquier persona o entidad con interés en que la acción legal del gobierno de México avance contó con siete días para presentar un escrito de “Amigos de la Corte” para manifestar a los juzgadores la relevancia del caso; resaltar el impacto positivo que tendría para Estados Unidos, México y el mundo un comercio responsable de armas, así como pronunciarse sobre el derecho aplicable, indicó ayer la SRE en un comunicado. Resaltó que “en una clara muestra de apoyo a los esfuerzos del gobierno de México” se han presentado nueve escritos de “Amigos de la Corte”, uno de ellos firmado por un ex comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza y jefes de policía de ese país, que destacaron que las armas traficadas a México han causado una crisis de seguridad en ambos lados de la frontera.

Otro texto fue firmado por procuradores de 17 estados del vecino país del norte, que cuestionaron la ley federal que otorga inmunidades a la industria de armas; uno más por 24 fiscales de distrito estadunidenses (incluyendo Arizona). Además, se sumaron los gobiernos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y el investigador Carlos Pérez Ricart, entre otros, destacaron que los resultados del tráfico de armas de Estados Unidos a México “son mortales”, ya que de 1997 a 2017, los homicidios relacionados con el uso de este tipo de instrumentos aumentaron 570 por ciento, y sólo en el primer semestre de 2022, de los 15 mil 561 asesinatos registrados, el 68.1 por ciento se cometieron con armas de fuego.