La realidad no tardó en dar la razón a los muros de cantera: apenas habían pasado unos días de un airado 8 de marzo en la capital de Chihuahua, cuando ésta fue ensangrentada por cinco feminicidios, entre ellos el de una embarazada, el jueves 16.
Ese jueves negro vino a interrumpir el linchamiento mediático contra las manifestaciones de las mujeres. La justa rabia las llevó una vez más a pintarrajear los muros de edificios públicos y de las oficinas de dos diarios, pero el colmo fue, cuando desde un balcón del palacio de gobierno, dos escoltas de la gobernadora lanzaron cohetones a las manifestantes. Con esto incendiaron los ánimos de las manifestantes y hubo quienes incendiaron algunas ventanas del edificio.
Los días subsecuentes, las autoridades estatales, municipales y un grupo de empresarios acudieron a todo el repertorio de sus anatemas para criminalizar la protesta de las mujeres: desde las más sutiles e hipócritas hasta las más paranoicas y patriarcales. Los diarios de mayor circulación, que habían hecho su agosto unos días antes con las decenas de inserciones pagadas felicitando a la gobernadora por su informe, lo volvieron a hacer por las inserciones, también pagadas, escandalizadas por los daños a los muros de cantera del poder. Voces y planas que guardan absoluto silencio mientras en Chihuahua se mata, se viola, se acosa, se maltrata a mujeres, jóvenes y niñas.
Lo que marca indeleblemente a Chihuahua es que encabece al país en violaciones por 100 mil habitantes, en violencia laboral y en violencia familiar, que ocupe el segundo en feminicidios por 100 mil habitantes y cuarto en abuso sexual. La suciedad que debe preocupar a las llamadas fuerzas vivas no es la de afuera de palacio, sino de las autoridades omisas, la de los expedientes atorados, la de las denuncias ignoradas, la de las mujeres revictimizadas al denunciar. A la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, el gobierno actual le agregó “Y a la Familia” para complacer a las mentes conservadoras, pero parece que ni así merece más atención ni más presupuesto, y por consiguiente, ni tiene mayor eficacia en cumplir la misión que la sociedad le exige.
Pero las chihuahuenses no han cejado, ni reculado un milímetro. Han vuelto a gritar “#FuimosTodas” sin deslindarse de los hechos. Han reivindicado su lucha, sin dejar a ninguna fuera. Han revertido críticas y ataques y han hecho repensar a más de un empresario, de los que pagaron las inserciones para quedar bien con palacio.
Más allá del significado de la manifestación y la posmanifestación del 8 de marzo, la actitud del gobierno del estado ante los feminicidios del jueves 16 y en general ante el problema de las violencias no denota ningún avance, siquiera en la comprensión de éstas. Las primeras declaraciones de la fiscalía fueron que los cinco feminicidios “eran algo extraordinario”, cuando Chihuahua tiene 2.5 veces la media nacional en feminicidios por 100 mil habitantes. Luego declaró que los feminicidios se debían “al fentanilo”, respuesta que lejos de ser una explicación constituye un reconocimiento de que las autoridades no pueden con la red de distribución y consumo de este fármaco y ha dejado su gobernanza a los criminales.
Lejos de cambiar su estrategia, o siquiera de modificarla, de atacar las raíces sociales de la violencia, el gobierno de Chihuahua vuelve a insistir en su única, simplista y lineal estrategia contra las violencias: la Plataforma Centinela. Piensa que pagar 4 mil 200 millones de pesos a la empresa Seguritech es la solución final a la delincuencia. Apuestan que esta especie de big brother norteño va a meter los ojos hasta en los hogares para evitar las violencias o a los picaderos de los arrabales para impedir la venta y el consumo del fentanilo, del que Chihuahua es de los principales consumidores.
Peor aún, a la demanda del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del estado para realizar un referendo para aceptar o rechazar el gasto en la Plataforma Centinela, el Instituto Estatal Electoral respondió negándolo. A cambio organizó una consulta sui generis: sólo por Internet, sólo de 17 al 31 de marzo, sin ninguna difusión. Además, en el sitio oficial de la consulta sólo se da información sobre las funciones de la mentada plataforma, sin hablar nada de sus costos, ni de sus limitados alcances. Con la complicidad del Instituto Estatal de Elecciones, el gobierno del estado busca inducir al sí y restringir la participación ciudadana. A la burocracia estatal se le ha “invitado” a que responda la consulta aceptando la Plataforma Centinela y envíen una captura de pantalla de su respuesta a sus superiores… Cuando ellos gritan “#ElINENoSeToca” quieren decir “#ElNegocioNoSeToca”.
Ni la vida ni la integridad de las mujeres, ni el combate a la raíz de las violencias, ni la democracia están en las prioridades de quienes gobiernan Chihuahua actualmente. Sus prioridades siempre serán los negocios y el poder. Por eso, aunque intenten acallar las voces, las piedras seguirán clamando.
Carlos Payán. In memoriam
