Sin discusión, todas las bancadas en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma a la Ley General de Comunicación Social, para permitir a estados y municipios autorizar sus propios montos de gasto en publicidad, lo cual suprime el límite a gobiernos locales equivalente a 0.1 por ciento del presupuesto de egresos, establecido apenas en diciembre en el plan B.

El cambio se aprobó en unas horas, desde que por la mañana el dictamen se avaló en la Comisión de Gobernación, donde Humberto Aguilar Coronado (PAN), dijo que precisamente el párrafo eliminado de la ley forma parte de la acción de inconstitucionalidad de la reforma electoral interpuesta por legisladores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Incluso, el panista ironizó que finalmente Morena leyó el plan B y que tres meses después cayó en cuenta que la disposición invade la soberanía de los estados.

La Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en diciembre, incluyó en el penúltimo párrafo del artículo 26, que el límite del gasto del programa anual de comunicación, en su conjunto, no debe rebasar 0.1 por ciento del presupuesto anual.

Mientras que, en el último, se impone un límite de gasto de comunicación social de los estados por ese mismo porcentaje. Esta obligación se suprimió en la reforma votada ayer, a propuesta de Morena.

En la sesión de la Comisión de Gobernación, Mario Llergo, diputado de ese partido, presentó una reserva para que, además suprimir dicho párrafo, se agregara otro donde se autoriza a estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, “determinar su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social”.

No obstante, en sus consideraciones la comisión presentó un análisis del ejercicio del gasto de publicidad estatal en 2018, para calcular el gasto que tendrían que ejercer en 2023 aplicando el límite de 0.1 por ciento del presupuesto, según la ley.

Para 2018, los estados aprobaron en su conjunto 4 mil 665 millones de pesos, pero terminaron ejerciendo 8 mil 38 millones.

De aplicarse el límite definido en la ley, para 2023, los estados sólo podrían gastar 2 mil 672 millones de pesos, lo que –según ese ejercicio– representaría un ahorro de 5 mil 775 millones, en comparación con 2018.

En el pleno, el dictamen se aprobó con 470 votos en favor y se envió al Senado. El PRI explicó que, si esa cámara ratifica el cambio, este punto en particular ya no será parte de la discusión en la Corte de las impugnaciones a la reforma electoral.