Buenos Aires. “No fue solamente la economía, sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca”. Está ahí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla fuera de la carrera electoral, dijo la vicepresidenta ante ex mandatarios de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla, y quienes han denunciado que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.
“Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, es el lawfare a los gobiernos nacionales, populares y democráticos”, sostuvo Fernández entre aplausos de ex presidentes, integrantes del Frente de Todos y organismos humanitarios congregados en el tercer Foro de Derechos Humanos, para darle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal. “No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades”, agregó.
A los aplausos se sumaba el coro: “¡presidenta, presidenta!”
Estaban en el foro ex presidentes cercanos al kirchnerismo como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y José Mujica (Uruguay).
En dos meses se cumplirán 20 años desde que su fallecido esposo, Néstor Kirchner, llegó a la presidencia.
Recordó que en 2003 le pagó al Fondo Monetario Internacional los préstamos que le otorgó a la nación para que ese organismo “nunca más pudiera dirigir la economía en Argentina”. Aseveró que fue la década en que más se redujo la desigualdad económica y social.
Fernández recordó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, durante el gobierno de su esposo, que impedían juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura.
Cuando Kirchner llegó al gobierno, ya estaba en el máximo tribunal el reclamo para reabrir los juicios en lo que se conoce como el caso Julián Simón, con el que se mostró que era incongruente juzgar a los responsables de las apropiaciones de niños sin procesar a quienes desaparecieron a madres y padres de los menores.
A partir de 2006 se reabrieron los juicios que han condenado a más de mil represores como Jorge Rafael Videla, quien murió mientras se le juzgaba por su responsabilidad en el Plan Cóndor.
La dictadura simbolizó las muertes y las desapariciones, pero también la destrucción de un modelo de país, señaló Fernández, quien recordó que antes de 1976 se interrumpió la movilidad ascendente, cuando se progresaba con trabajo.
Reconoció que puede ser difícil hablar a los más jóvenes de los desaparecidos de hace 40 años, pero dijo que es una historia de toda América Latina. “Este lawfare que inunda toda la región fue precedido de instrumentos previos: la Doctrina de Seguridad Nacional. En ese momento las fuerzas armadas cumplieron en toda la región la interrupción de las democracias”, expresó.
Los abogados de Fernández apelarán la condena, pero la vicepresidenta afirmó: “no me importa si me van a meter presa, lo que me importa es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. Volver a construir un país que alguna vez tuvimos se puede hacer porque alguna vez lo hicimos”.
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