Monterrey, NL. El Congreso de Nuevo León denunció ante el Consejo de la Judicatura Federal al Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, por las suspensiones que ha dado al gobernador Samuel García Sepúlveda, las cuales se extralimitan en sus funciones y buscan entorpecer y eliminar el trabajo del poder legislativo local.
El Presidente del Congreso del Estado, Mauro Guerra Villarreal, presentó una queja contra el citado juez ante el Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México.
La queja del Poder Legislativo de Nuevo León ante el CJF, se suma a la que el jueves de la semana pasada, presentaron en contra del mismo juez, los diputados federales por Nuevo león, Anni Gómez del PAN y José Luis Garza Ochoa del PRI.
En rueda de prensa en la Cámara de Diputados y respaldado por diputados federales del PAN y PRI, Guerra Villarreal dijo que en la denuncia que interpusieron se solicita se tomen medidas para sancionar al juez que amparó al gobernador y que quiere desaparecer el poder legislativo de Nuevo León.
“Nosotros queremos que Nuevo León avance, se legisle de manera correcta, pero no podemos avanzar cuando un ejecutivo se cree dictador y por su propio gusto, decide suspender las labores del Periódico Oficial del Estado, para publicar”.
“Por eso el Congreso y de la mano de los diputados y legisladores federales, pedimos al Consejo de la Judicatura Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que ponga atención a lo que está pasando en Nuevo León, que no permitamos que un Ejecutivo quiera desaparecer a un Congreso de oposición.
Por su parte el diputado federal, Héctor Castillo Olivares argumentó que ve un gobernador que en las urnas no obtuvo un solo diputado, por lo que se dedicó a la “compra” de diputados y alcaldes, ese es un patrón que vemos en la conducta del Ejecutivo.
El también diputado federal Andrés Cantú, comentó que cuando el actual gobernador fue diputado local, el gobernador era Jaime Rodríguez Calderón, quien al igual que él no tenía un solo diputado y cuando fue diputado se hicieron muchas reformas a la Constitución del Estado de Nuevo León y el gobernador las tuvo que acatar.