La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó “uso excesivo de la fuerza mediante la utilización ilegítima de armas de fuego” por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los hechos registrados el 26 de febrero pasado, en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde fallecieron cinco personas y una más resultó lesionada de gravedad.
Expuso que según las constancias que obran en la indagatoria penal federal, se puede afirmar que en la camioneta particular en la que circulaban las víctimas, y contra la cual dispararon los militares, no se encontraron armas de fuego; además, que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de arma y que ningún militar presentó lesiones por éstas.
Asimismo, que todos los integrantes de las fuerzas castrenses involucrados en los hechos manifestaron ante el representante social de la Federación, que ninguno vio que del auto particular se originaran disparos de arma de fuego.
Se violaron derechos humanos y a la vida
Lo anterior quedó establecido en la recomendación 95VG/2023 que la CNDH dirigió al titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval González, por las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal.
En el documento, la comisión nacional también acredita que cuatro personas servidoras públicas de la secretaría no se ajustaron a los criterios establecidos, nacionales e internacionales, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, ya que fueron los que dispararon.
Expuso que la camioneta tipo pick-up fue seguida, debido a “sospechas”, por 21 elementos de la Sedena que se transportaban en cuatro vehículos oficiales mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública.
Pero “sin que mediara amenaza real” en contra de la vida de las personas servidoras públicas o de terceros, “sin emitir previamente comandos de voz, un militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador”.
En su recomendación, la CNDH pidió al secretario Sandoval colaborar en el trámite para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas agraviadas, incluyendo a los integrantes de sus núcleos familiares, a fin de que se proceda a la inmediata reparación integral del daño.
También se le solicita que colabore ampliamente en la integración de la causa penal uno y en el proceso penal derivado de las carpetas de investigación, a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los cuatro castrenses señalados como responsables y demás personal militar que la autoridad jurisdiccional y ministerial, en cada caso, determinen.
