Ciudad de México. Organizaciones feministas se manifestaron afuera de la embajada de El Salvador en México para exigir que ese Estado asuma sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por el caso Beatriz, joven salvadoreña a quien en 2013 se le prohibió la interrupción voluntaria del embarazo, pese a que tanto su vida como la del producto estaban en riesgo. Por estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) celebrará una audiencia este miércoles y jueves.

Esta mañana, las manifestantes solicitaron una reunión con los representantes de ese país, pero les fue negada y tampoco salió personal a recibir la carta que prepararon, por lo que ésta fue entregada a elementos policiacos encargados de la seguridad del inmueble.

En la misiva dirigida a la embajadora Rosa Delmy Cañas de Zacarías, las organizaciones Amnistía Internacional México, Católicas por el Derechos a Decidir, Balance, entre otras, recordaron que Beatriz, quien murió en 2017 por un accidente vial, era una mujer de la zona rural del país, que padecía de lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.

“En febrero del año 2013, se le notificó de un segundo embarazo, al cual los médicos del hospital determinaron de alto riesgo debido a sus enfermedades base. Luego de exámenes médicos, se le dio a conocer que existía un ‘nulo pronóstico de sobrevida del feto’, por lo que ella solicitó la interrupción del embarazo, la cual le fue negada al ser un procedimiento prohibido en El Salvador por el Código Penal”.

Así, dijeron, debido al deterioro de la salud de Beatriz, las comunidades internacional y local hicieron llamados al gobierno de El Salvador para que le proporcionara el tratamiento prescrito por sus médicos y de acuerdo con los deseos de ella. No obstante lo anterior, en mayo del 2013, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia negó un amparo a Beatriz mediante el cual solicitaba que se ordenara a las autoridades del Hospital Nacional de Maternidad la realización de la interrupción del embarazo para salvaguardar su salud y su vida.

Fue hasta el 29 de mayo del 2013, que la Corte IDH ordenó la interrupción del embarazo mediante medidas provisionales, el cual se realizó 81 días después. “Las secuelas que dejó esta grave tardanza fueron irreparables para la salud física y mental de Beatriz”, destacaron.

Entre consignas como “Justicia para Beatriz”, y “Beatriz sólo quería vivir”, las manifestantes resaltaron que este caso “es paradigmático a nivel regional y mundial”, y lamentaron la postura del gobierno de El Salvador “no sólo por la penalización del aborto sino también su respuesta internacional, al negarse a aceptar una carta”.

En una acción que se suma a la que se estaría realizando en otros países, también exigieron que ese Estado garantice el acceso a la justicia y reparación integral del daño a la familia de Beatriz y que se siente un precedente “para las mujeres, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar salvadoreñas hagan efectivos los derechos a la salud, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, “sin correr el riesgo de ser sometidas a procesamiento penal”.