La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acumula 145 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad contra la primera fase del plan B, pero hasta ahora no ha admitido a trámite ninguna de las impugnaciones presentadas contra la segunda parte de esta reforma. En tanto, el máximo tribunal emplazó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que entregue copia certificada de su recomendación general, donde se expresó en favor de la reforma electoral.
Se trata de las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, que limitan el gasto de publicidad de los gobiernos estatales y municipales, quienes afirman que estos cambios ponen a sus partidos en desventaja electoral.
La reforma también fue impugnada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que obtuvo del ministro Alberto Pérez Dayán –a quien tocó estudiar el tema–, una suspensión que evitará que los cambios a estas leyes sean aplicados en Coahuila y el estado de México, pues en ambas entidades hay procesos electorales en marcha.
Estos juicios constitucionales han entrado en fase de instrucción, es decir, que Pérez ya solicitó a las autoridades señaladas como responsables, el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, que contesten por escrito a las demandas. De ser necesario, se les dará cita para cumplir con el derecho de audiencia.
El juicio que ya está en esta etapa en la SCJN es la controversia constitucional promovida por el INE contra la CNDH, a la que denunció por supuestamente invadir sus atribuciones legales al emitir su opinión sobre la reforma electoral, en su recomendación general 46/2022.
En acuerdo publicado en los estrados de la SCJN se informa a las partes que “se señalan las 12 horas del 26 de abril de 2023, para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, la cual se llevará a cabo mediante el sistema de videoconferencias.”
Sin embargo, este proceso se encuentra suspendido, pues la CNDH no ha entregado copia de los documentos impugnados, según el acuerdo: “Se advierte que la CNDH fue omisa en exhibir copia certificada de la recomendación general 46/2022, así como de los pronunciamientos DGDDH/081/2022 y DGDDH/082/2022, documentales que le fueron requeridos”, por lo que fue apercibida de que debe entregarlos a la brevedad, o de lo contrario será multada.
