Tlaxcala, Tlax., La privatización del agua “es una perversión absoluta en nombre de la eficiencia. ¡Mentira! Es en nombre del negocio”, sentenció Pedro Arrojo Agudo, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Advirtió sobre los riesgos de la mercantilización y la financiarización del agua en México y señaló que hay dos grandes desafíos para tener acceso a él: la recuperación de la ingeniería natural y una gobernanza democrática del líquido.

Arrojo Agudo participó en el foro “Los retos para garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento en Tlaxcala”, convocado por la organización civil Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, al que acudieron representantes de comunidades.

El diplomático expuso que cerca de 2 mil millones de personas “terriblemente empobrecidas, que viven junto a un río o un acuífero contaminado, frecuentemente por tóxicos, no tienen acceso garantizado al líquido potable, y 4 mil millones no lo tienen al saneamiento básico. Qué vergüenza”.

Resaltó que hay dos grandes desafíos: “El primero, hacer las paces con nuestros ríos, con la naturaleza que nos rodea, aprender el mensaje de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas”. De lo contrario, alertó, será imposible avanzar como humanidad. Es necesario “recuperar la ingeniería natural que funciona bien con energía solar”.

Subrayó que tener un río saludable a la puerta de casa “no puede ser un lujo de ricos, es una necesidad vital de la gente más empobrecida en situación de mayor vulnerabilidad; es un derecho democrático y humano”.

Indicó que el segundo reto es promover una gobernanza democrática del recurso, “entendida como un bien común accesible para todos, pero no apropiable por nadie ni como mercancía privatizable”.

Pedro Arrojo remarcó que el agua debe ser administrada con responsabilidad y esfuerzo, “pero no a través de una lógica de mercado, sino desde la colectiva y del sentido comunitario, no dejando a nadie atrás”.

Expuso que el servicio de agua potable “no se puede cortar”, por lo que planteó crear medidas legales adecuadas para prohibir esta acción contra una familia en situación de pobreza o vulnerabilidad, “porque ello atenta contra los derechos humanos”.

Manifestó que el suministro es una obligación que todos los Estados han firmado; “no es una opción generosa de políticos o de autoridades, y es derecho de la población exigirla”. El agua, destacó, es una necesidad para una vida digna, “no un lujo ni capricho” y debe ser cuidada entre todos.

Planteó que la mercantilización y financiarización del agua, que es un bien público, “todavía no es tanto un problema aquí (en México), pero llegará a serlo”.

Citó que en algunos países de Europa “la acaban teniendo sólo quienes pueden pagar más”, lo cual es injusto “rompe derechos humanos”.

Alertó que la financiarización “es la mayor de las locuras”, porque es especular con la vida de las personas en los mercados financieros.

En el foro, especialistas y comunidades tlaxcaltecas expusieron el grave problema de contaminación de la cuenca del Alto Atoyac y sus efectos en la salud humana.

Además, se analizó la iniciativa que se presentó en el Congreso local sobre la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala, la cual tiende a la privatización, a la criminalización y a no garantizar el derecho humano al líquido vital, entre otros aspectos. El próximo miércoles se conmemorará el Día Mundial del Agua.