La posibilidad de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quede inoperante en menos de dos semanas podría verse conjurada por dos vías: si el Senado nombra los comisionados que faltan, la solución más viable, o si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acepta los argumentos que el instituto presentará en la controversia constitucional que se apresta a interponer, lo que llevará tiempo.
El INAI, que actualmente trabaja con cinco de sus siete comisionados, no cuenta con ninguna otra vía para resolver el problema que significa que su pleno se quede sin quórum, lo que ocurrirá el 1º de abril –cuando el comisionado Francisco Javier Acuña termine su periodo–, pues a pesar de que los comisionados son la base de su estructura, el instituto no tiene por ley injerencia en su designación.
Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la designación de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI, pues consideró que fueron producto de un reparto partidista y “enjuagues de la época del Prian”. Los nombramientos fueron realizados la semana pasada por el Senado luego de que estuvieron vacantes 11 meses.
La Ley Federal de Transparencia faculta exclusivamente al Senado para nombrar a los siete comisionados que integran el pleno, órgano superior de dirección del INAI, que requiere de al menos cinco comisionados para que sus decisiones tengan validez.
La misma norma señala que los nombramientos del Senado podrán ser objetados por el Presidente de la República en un plazo de 10 días, y en dicho caso esa cámara hará una nueva propuesta, por lo que depende de los senadores que el INAI no quede inoperante por falta de quórum.
La ley no considera ninguna facultad del INAI para incidir en la elección de los comisionados, por lo que el pleno del instituto resolvió esta semana interponer una controversia constitucional por la falta estos funcionarios desde abril de 2022.
La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, señaló esta semana que “hemos determinado activar el mecanismo de defensa constitucional que la ley fundamental le confiere, la interposición de una controversia constitucional, por la falta de nombramiento de los comisionados vacantes”.
Añadió que en el instituto existe la convicción de que la SCJN “hará efectiva su función jurisdiccional para preservar el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano”.
