Tras recibir la sentencia de 15 años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por haber simulado la compraventa de un predio en el cual se construyó la llamada Zona Comercial Centro Sur, en el municipio de Querétaro, la defensa de José Antonio Rico Rico –coacusado en este caso del abogado Juan Collado Mocelo– informó que apelará la condena y para ello empleará un dictamen de no ejercicio de la acción penal emitido por la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2020.
Durante la audiencia en la que se daría la lectura de la sentencia dictada contra Rico Rico, realizada la noche del viernes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, y que encabezó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, se puso de manifiesto que los defensores de Rico Rico utilizarán el oficio con el cual la delegación de la FGR en Querétaro desestimó la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra José Antonio Rico Rico, Juan Collado Mocelo y José Antonio Vargas Hernández.
Debido a la carga de trabajo judicial, la audiencia en la que se daría lectura a la sentencia dictada y se explicaría cada uno de los puntos tomados en cuenta por el juez Fuerte Tapia para establecer la pena fue realizada sin que se diera a conocer la explicación. Las partes, es decir, los representantes de la FGR y la defensa de Rico Rico acordaron la dispensa de la lectura, y con ello comenzó a correr el plazo para que los abogados del empresario y ex presidente de Servicios Financieros (antes Caja) Libertad puedan interponer el recurso de apelación.
Se debe mencionar que tanto el abogado Collado Mocelo –quien fue defensor de personajes como Raúl Salinas de Gortari y el ex dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps– como Rico Rico enfrentan acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero por, según la acusación del Ministerio Público Federal, haber simulado la compraventa de un inmueble con una superficie de 3 mil 877 metros cuadrados en 156 millones de pesos y que en la actualidad está valuado en 700 millones debido a que en el terreno se construyó un centro comercial.
Luego de la audiencia, Rico Rico y sus defensores comentaron la viabilidad de que la sentencia sea revocada, con base en los dictámenes de la delegación de la FGR en Querétaro, que en 2020 emitió un acuerdo de no ejercicio de la acción penal al determinar que ninguno de los imputados cometió los delitos que se investigaron.
