A pesar de la reforma laboral aprobada en 2019, encaminada a democratizar el mundo del trabajo, el sindicato petrolero sigue dominado por la misma estructura que encabezó por más de dos décadas Carlos Romero Deschamps y persisten las prácticas de cobros ilegales a trabajadores por subir a las plataformas de exploración, tráfico de los ascensos por escalafón, los negocios con préstamos de vivienda y una absoluta falta de información acerca del manejo de los recursos financieros de la organización.

Aunque después del sexenio de Carlos Salinas le quitaron millonarios recursos al sindicato –entonces bajo la dirección de Joaquín Hernández Galicia, La Quina–, ya que entre otras prebendas recibía un porcentaje por los contratos otorgados por Pemex, el sindicato petrolero aún recibe fuertes sumas pactadas en su contrato colectivo de trabajo (CCT), cuyo manejo es discrecional.

Grupos sindicales disidentes, trabajadores y ex candidatos a la más reciente elección por la dirigencia nacional coinciden en que las autoridades de la Secretaría del Trabajo impidieron que se diera un cambio verdadero para modernizar al sindicato que afilia a alrededor de 89 mil trabajadores de la principal empresa del país.

“Desde el momento en que la Secretaría del Trabajo les entregó Sirvolab, ya todo era un fraude”, apunta Cecilia Sánchez, senadora y trabajadora de la sección 47 (Ciudad del Carmen), al referirse a la plataforma de Internet mediante la cual los petroleros tuvieron la posibilidad de votar de manera electrónica.

Muchos trabajadores se han inconformado y hecho serios cuestionamientos a la secretaría general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), de Ricardo Aldana Prieto (2022-2024), quien contendió –señalan– siendo trabajador de confianza y es “hombre incondicional” de Romero Deschamps, dirigente del gremio por 26 años luego de verse obligado a renunciar en 2021 a sugerencia del Presidente de la República.

El ingeniero electromecánico que ingresó al gremio petrolero desde 1970 fue implicado junto con su ex jefe en el llamado Pemexgate, un desvío de 500 millones de pesos del sindicato a la candidatura presidencial del priísta Francisco Labastida en el año 2000. Y siendo tesorero del STPRM desde 1978, manejó los cuantiosos recursos del sindicato, aunque nunca rindió cuentas pese a que los estatutos lo obligan, señala Gerardo Herrera Malagón, ex candidato a la secretaría general.

Según datos del portal de transparencia del sindicato, entre 2016 y 2018, Romero Deschamps recibió de Pemex –en la administración de Emilio Lozoya, preso por lavado de dinero y daño patrimonial a la empresa estatal– 944 millones 42 mil 745 pesos a través de la cláusula 251 bis del CCT, creada en el año 2005.

Del total, sólo 264 millones 446 mil 318 pesos comprobó de egresos de la denominada “caja chica”, eliminada en la administración actual. Esto ocurrió en una de las últimas negociaciones contractuales (2019-2021) de Romero Deschamps, consiguiendo Pemex un ahorro de mil 596 millones de pesos.

En esa revisión también se redujeron viáticos a comisionados sindicales contenidos en la cláusula 251, que pasaron de mil 496.72 millones de pesos anuales a 328.88 millones de pesos. Además, el apoyo previsto en la cláusulas 169 de fomento al deporte se suprimió, equivalente a un millón 20 mil pesos.

El STPRM reportó en sus documentos que en 2018 fue la última vez que recibió recursos por la cláusula 251 Bis por un monto de 333 millones 184 mil 580 pesos. Sin embargo, de 2019 a 2021 reportó gastos por 116 millones 871 mil pesos.

Del total de gasto erogado entre 2016 y 2021, 137 millones 567 mil pesos fueron pagados a la empresa Estrategia Estructural, que se encarga de la construcción del Proyecto Centro Social y Deportivo que llevará el nombre de Carlos Romero Deschamps, en Cárdenas, Tabasco. La compañía es también identificada por los trabajadores como la responsable de la edificación de viviendas para petroleros afines al ex senador del PRI.

En la reciente revisión salarial, el STPRM consiguió aumentos en 62 rubros de premios y prestaciones laborales, como mayores recursos para viáticos, transporte y préstamos para vivienda de hasta 2.6 millones de pesos.

Herrera Malagón, trabajador de la sección 36 (Reynosa, Tamaulipas), señaló que los líderes sindicales locales condicionan la autorización de los préstamos de vivienda con quienes “ellos deciden”, ya que –ejemplificó– si la casa que ofrecen tiene un valor de 2 millones de pesos, cuando el trabajador cotiza con un tercero una propiedad similar, puede valer hasta 50 por ciento menos. Es decir, indicó, “prácticamente te roban un millón” del financiamiento.

A estas irregularidades se suma el cobro de moches en las plataformas petroleras. María de Lourdes Díaz Lula, del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, asegura que continúan estas prácticas contra los trabajadores de secciones como la 42 y 47, de Ciudad del Carmen, con cobros de entre 15 mil y 18 mil pesos por cada contrato de 30 días equivalente a alrededor de 60 mil pesos, por parte de “personas allegadas al eterno líder seccional Víctor Kidnie”.

Raúl Romero Maldonado, jubilado petrolero, denuncia que incluso a los trabajadores de planta que solicitan sus vacaciones les aplazan 15 días la aprobación de su solicitud, para detectar a qué trabajador transitorio “le van a vender la vacante”, y de quejarse los solicitantes, “los agreden”.

Para suplir al trabajador de base, “pueden vender el puesto a una o dos personas” y cada uno laborará la mitad del contrato, “y ambos le pagan” al dirigente local, añade la senadora Cecilia Sánchez, también ex candidata a la dirigencia nacional del STPRM.

Herrera Malagón reclama que los trabajadores activos no pueden ascender porque quien tiene control de los ascensos son los comités sindicales locales en contubernio con las administraciones estatales de Pemex.

El acceso a la información del escalafón de los trabajadores es negado por las directivas de la empresa estatal a nivel local y “les dicen que la pidan a través de su sindicato”. Este a su vez, agrega, se los van a negar para “meter a sus recomendados que son los que ya están pagando por esa plaza”, que –señaló– los líderes sindicales ofrecen entre 300 mil y 600 mil pesos porque además “están comprando el nivel que quieren”.

Una de las acciones positivas puestas en marcha por Pemex en esta administración, mencionan los entrevistados, fue la de arrebatar al STPRM el control de la asignación de las 17 mil plazas. Incluso, señala Lourdes Díaz, el sindicato emprendió una campaña de protestas por la supuesta falta de equipo de seguridad y medicamentos en contra de la estatal para “presionarla” ante esa decisión.

Y es que agrega, el charrismo sindical, perdió “el capital político y mano de obra” de los trabajadores transitorios, que llegaron a ser utilizados hasta en las campañas políticas. “No es un secreto que los dirigentes locales se convertían en diputados del PRI y ahora pierden ese coto de poder, además de que ya no pueden vender las plazas”. Aunque, anota, Aldana Prieto y los dirigentes seccionales han realizado una serie de eventos donde intentan adjudicarse que las recientes basificaciones “se les debe a ellos”.

La senadora Cecilia Sánchez señala que son plazas que ya existían, pero que el sindicato petrolero con Romero Deschamps “utilizó para jugar con los transitorios” que acumularon entre 10 y 20 años de antigüedad. Añadió que si bien ya no tienen ese margen, sigue siendo el sindicato el que propone al transitorio ante la empresa para que ocupe un contrato.

El Comité Ejecutivo General (CEG) de Ricardo Aldana en el sindicato petrolero finalmente quedó conformado por ex integrantes del equipo de Romero Deschamps. La página oficial del STPRM da cuenta de ello y por ejemplo en la cartera de Tesorería, que ocupó Aldana, es encabezada por Sergio López Salinas, ex dirigente local de la sección 40.

De acuerdo con el organigrama del CEG, con Aldana como secretario general del sindicato petrolero, se mantendrán en sus cargos Manuel Limón Hernández en la cartera Interior Actas y Acuerdos; Daniel Aguado Rojas, Exterior y Propaganda; Raúl Ramírez Rangel, del Trabajo, y Eleuterio de la Rosa Esteva, Organización y Estadística.

También las 36 dirigencias locales del sindicato petrolero quedaron en manos de personajes que durante más de dos décadas apoyaron a Romero Deschamps para controlar al gremio.

Destacan Ésdras Romero Vega, quien mantiene el control de la sección 1 de Ciudad Madero, Tamaulipas, que fue bastión de La Quina. En la sección 47 de Ciudad del Carmen, Campeche, se reeligió Víctor Matías Hernández Colunga, propuesto por Víctor Kidnie, cacique de una de las regiones petroleras más importantes, y Francisco Araiza Alcázar, en la 40, la cual es “estratégica” porque en ésta recae el control de los gasoductos y oleoductos de todo el país.