Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, vinculó a proceso a cuatro acusados de participar en los desvíos de recursos de Seguridad Alimentaria (Segalmex), específicamente en la compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar. Sin embargo, determinó auto de libertad al ex director de asuntos jurídicos Carlos Antonio Dávila Amerena.
Fuentes gubernamentales informaron que en una resolución dictada al concluir ayer la audiencia inicial y vencer el plazo de ampliación para determinar la situación jurídica de cinco de nueve detenidos, el juez Gregorio Salazar Hernández consideró insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República contra Dávila Amerena. El Ministerio Público Federal presentó un recurso de apelación, aunque ello no impidió que el es funcionrio abandonara el penal.
En esta primera etapa de audiencias iniciales contra ex funcionarios y presuntos involucrados en los desvíos de Segalmex que sí fueron vinculados a proceso, se encuentran Simón Escobar Copca, ex director del almacén de Diconsa en Querétaro; Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa, y Artemio Gutiérrez, ex subjefe del almacén de San Luis La Paz en Guanajuato.
En cuanto a la empresa Carregi, beneficiada por un contrato de 182 millones de pesos y que no pudo acreditar la entrega completa del edulcorante ante la Auditoría Superior de la Federación, se vinculó a proceso al representante legal Jorge Saúl Romero Valencia.
De 22 órdenes de captura, 12 fueron para servidores públicos de Segalmex, cuatro a las empresas con las que se coludieron y seis beneficiarios de los recursos desviados.
Los vinculados a proceso continuarán en prisión y enfrentarán juicio por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El principal ex funcionario señalado es René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, quien ya enfrenta dos procesos por fraude a las finanzas públicas por más de 4 mil millones de pesos y probable responsabilidad en uso ilícito de atribuciones y facultades. Sin embargo, ha obtenido dos suspensiones que impiden que se le ponga a disposición del juez.
