Con la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se pondrá fin a “la discrecionalidad de las élites que por muchos años ocuparon comisiones y direcciones generales; también (evitará) el corporativismo que se atribuyó representaciones que no eran reales y canceló el apoyo a la ciencia, cuando se seguían transfiriendo a fondo perdido millonarias cantidades a favor de intereses creados”.

Lo anterior fue parte de las explicaciones que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, dio ayer a diputados de las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Educación, sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se revisa en comisiones.

“Han sido más de 20 años de una ley neoliberal que fue presentada por el presidente (Vicente) Fox con resultados negativos”, y con la propuesta por el actual titular de Ejecutivo “se pondrá fin al abandono a la ciencia fundamental, impuesto en regímenes pasados”, sostuvo.

Por ejemplo, dijo, en 2017 y 2018 “no se le destinó (a la ciencia) un solo peso en todo el país. Sin embargo, se transfirieron en los sexenios pasados más de 45 mil millones de pesos a favor de intereses privados nacionales e internacionales, lo cual no implicó aumento concomitante a la eficiencia e innovación”.

Y en el sexenio pasado, continuó, México bajó 16 escalones en la materia, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Protección Intelectual. “¿Qué pasó con ese gasto onerosísimo a favor de los intereses privados sin ningún tipo de seguimiento?”, preguntó.

En respuesta a cuestionamientos de legisladores de la oposición, Álvarez-Buylla insistió en que en regímenes pasados se excluían instituciones completas.