El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó estrategia de trabajo para ajustar la estructura del organismo al plan B, tarea a desarrollar de marzo a octubre próximo, dos meses y medio más de lo estipulado en los transitorios de la reforma, por lo que Morena advirtió que es una maniobra para alargar privilegios en el organismo, pero sobre todo acusó a los consejeros de ir a tribunales a dar una “batalla jurídica contra el pueblo de México”.

Con dedicatoria particular a Lorenzo Córdova, el morenista Mario Llergo les dijo que sirven “al viejo régimen y a sus caballos de Troya”.

Señaló que “hoy, con este acuerdo, no queda la menor duda de que lo único que les importa son sus privilegios y pactos en lo oscurito, sus excesos y privilegios para seguir sirviéndose a manos llenas. Hoy vienen, con un absoluto ego, a torcer una vez más la voluntad popular sin importar que sea el pueblo el que mande”.

Sin embargo, manifestó, “su derrota es un hecho, y nos vamos a asegurar de que la vivan y de que la sientan. La historia borrará su sonrisa”.

Cuando Llergo concluyó su mensaje, el consejero presidente dejó pasar unos segundos y, sin dar las gracias, como hace siempre al final de cada turno, dio la palabra al siguiente orador, también representante de Morena en el consejo, Hamlet García Almaguer.

El diputado subrayó que el objetivo de la Comisión de Administración es precisamente combatir la corrupción, y exhibió el reciente informe del Órgano Interno de Control (OIC), lo que le valió dos interrupciones de Córdova para llamarlo a que se limitara al tema del cronograma del comité técnico.

Pero el morenista siguió nombrando algunos de los gastos millonarios en contratos –firmados entre el INE y entes externos–, así como algunas de las irregularidades mencionadas por el OIC, como la contratación de consultoras y agencias creativas, con cobro de 28 millones de pesos, a las que llamó “sus estrategas contra el plan B”.

En la tercera ronda, Hamlet García tomó la palabra para hablar de las compensaciones que recibirán los cuatro consejeros que se van el 3 de abril. Citó a Pablo Gómez, especialista en asuntos electorales, ex representante de la izquierda en este consejo general y hoy jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien en Twitter señaló: “artículo 127 constitucional: no se concederán ni se cubrirán haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados sin que se encuentren asignados por la ley, decreto legislativo,contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Las liquidaciones de integrantes del consejo general del INE no están asignadas por ley, decreto o contrato; las condiciones generales de trabajo del personal no abarcan a los consejeros y consejeras. Todo pago ilegal es un delito”.

Ahora, Córdova fue más obvio que en el turno de Llergo en cuanto a su conducta para hacer como que ignoraba a sus críticos.

De plano dio la espalda al orador y no le respondió ni cuando le reclamó que se haya burlado, en la sesión pasada, de la legisladora Julieta Ramírez.

“Ah, ¿ya acabó?”, expresó el consejero, mirando hacia otro lado.

Después de algunas otras intervenciones se votó el acuerdo en sus términos originales, aun cuando tres consejeras y un consejero pedían que se incorporara, en estos criterios de ajuste al plan B, la perspectiva de género (y con ello equilibrar también los despidos, sobre todo en las 300 juntas distritales).

Para adecuarse a la reforma, se indica, el INE deberá modificar 10 mil 397 puestos (61 por ciento de su plantilla total), así como 361 unidades, entre estas las citadas 300 juntas distritales y las 32 locales, así como las funciones de la presidencia del consejo general, consejerías, secretaría y direcciones ejecutivas, unidades técnicas y Órgano Interno de Control.

Y si bien los artículos transitorios de la reforma marcan que la restructuración se debe aplicar a más tardar el 15 de agosto, el comité determinó que será hasta el 31 de octubre (apenas unos días antes del inicio del proceso electoral federal 2023-2024), con el argumento de que hubo un “desfase” entre la aprobación de la reforma (en diciembre) y su promulgación, el pasado día 2.