El Asintal., Las manos de Thelma Cabrera están arrugadas y ásperas, señales de su trabajo en el campo, de lavar sobre piedras en un río, de sembrar con sus manos el pequeño jardín en su casa. La líder indígena campesina tiene 52 años y quiere ser presidenta de Guatemala en las elecciones del próximo 25 de junio.

Pero enfrenta una lucha cuesta arriba, luego de que la autoridad electoral se negó a registrar su candidatura y de haber perdido, a falta de un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema, todos los recursos presentados ante la justicia ordinaria para revertir esa situación.

Su candidatura sigue fuera de la contienda y el 25 de marzo fenece el plazo de inscripción de aspirantes que correrán por la jefatura del Ejecutivo de un país cuyo gobierno ha sido señalado por colectivos de derechos humanos y por países como Estados Unidos por socavar la lucha anticorrupción y debilitar la democracia.

La representante del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) asegura que su partido impulsa la reformulación del Estado hacia uno nuevo plurinacional, donde tengan cabida todos los pueblos indígenas.

“Buscamos la transformación del país ante todas las injusticias que nosotros vivimos”, expone.

El MLP fue fundado por indígenas y campesinos dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), una organización que defiende los derechos a la tierra, el acceso a la energía eléctrica y contra la privatización de los servicios básicos.

El colectivo se ha ganado el enojo y el temor del sector empresarial más conservador del país que lo acusan de robar energía eléctrica y lo tilda de ser de izquierda radical. Cabrera dice que los campesinos no pretenden dejar de pagar el consumo energético, pero tampoco pagarán cobros abusivos, como el del alumbrado público en lugares donde no hay ni postes de luz.

“Nosotros no somos ni ladrones, ni ‘terroristas”, ni comunistas”, ataja las críticas. “Nos tienen miedo, le temen al proyecto de Nación. Aquí no se le va a quitar nada a nadie, lo que se quiere es que todos cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde”, defiende.

Desde 2019, al menos 26 miembros de la agrupación han sido asesinados y en ninguno de los casos se ha condenado a nadie, denuncia.

Con dedicatoria

Diputados aliados a sectores conservadores buscan reformar una ley para endurecer condenas a quienes roben recursos eléctricos, una propuesta aparentemente diseñada contra los miembros de Codeca a los que acusan de estas prácticas. Hasta ahora, la Fiscalía no ha logrado probar los señalamientos de hurto de energía ni se han fijado condenas por estas acusaciones, asegura Cabrera.

El “glamur y lujo” con el que los políticos guatemaltecos suelen vivir en el país centroamericano, rodeados de seguridad y asesores, no tiene nada que ver con Cabrera, que atendió a periodistas de The Associated Press, sola, en su sencilla casa de techo de lámina en el duro calor del municipio de El Asintal, en el departamento de Retalhuleu, en la costa sur de Guatemala.

La aspirante presidencial dejó de conceder entrevistas hace algunos meses debido a las prohibiciones del tribunal electoral, que la acusó dos veces de estar haciendo campaña electoral anticipada por participar en actos públicos. Otros partidos y candidatos también realizaron actividades públicas, pero no fueron sancionados.

El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral negó la participación de su aspirante a vicepresidente, Jordán Rodas, aduciendo que no contaba con un documento que diera fe de que no tiene cuentas pendientes con el Estado. Al descalificar a Rodas, automáticamente quedó fuera ella.

Y, aunque apelaron la decisión, aún siguen fuera de la contienda. Nota ampliada en https://bit.ly/3FqGGqj