El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México será quien defina si Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deben ser consideradas víctimas o afectados por los sobornos que recibió Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y con ello si ambas instituciones tienen la personalidad jurídica necesaria para recibir los 200 millones de pesos que el ex funcionario propone pagar como reparación del daño por los delitos que se le imputan en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Miguel Ontiveros Alonso, abogado del ex director de Pemex, presentó el amparo el el pasado 13 de noviembre ante el juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el mismo día que el juez federal Gerardo Genaro Alarcón resolvió abrir el juicio oral contra del ex funcionario, para quien la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una sanción de 46 años de prisión por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

No obstante, el juez Augusto Augusto Octavio Mejía Ojeda, turnó el caso a su homólogo del Juzgado primero de Distrito de Amparo, quien dijo, ya conoce de otro asunto relacionado. En los próximos días decidirá si admite a trámite el recurso y analiza el fondo del asunto, ya que la defensa de Emilio Lozoya no solicitó ninguna suspensión provisional.

“Vista la demanda de amparo, promovida por quien se ostenta como defensor particular del quejoso contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal… se observa que el presente juicio se encuentra relacionado con el diverso del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal… se estima que el conocimiento corresponde a la Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia en Materia Penal… previo cuaderno de antecedentes, remítase el original al referido órgano jurisdiccional… Notifíquese”, señala el acuerdo.

El lunes pasado, durante la etapa intermedia del proceso, el juez de control aceptó las 28 pruebas de descargo ofrecida por los abogados del ex director de Pemex.

Los representantes del Ministerio Público federal informaron que apelarán la decisión judicial de aceptación de las propuestas. Por su parte, la defensa, dijo ese día que promovió un amparo para cuestionar la personalidad jurídica de Pemex y de la UIF como receptores de los 200 millones de pesos que Lozoya propone pagar como reparación del daño por los delitos que se le imputan.

Esa sucesión de recursos retrasa el inicio de la etapa del juicio oral, a la espera de que un tribunal resuelva las apelaciones y un juzgado se manifieste sobre el amparo, ambos en forma definitiva.

Por separado, Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión dictada el 4 de julio de 2019, ya que está acusada por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionada con el caso ­Agronitrogenados.

El recurso también lo presentó ante el juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien remitió el presente juicio al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal ya que encuentra relacionado con otra demanda que Gilda Susana tramitó por los mismos actos reclamados.

Según las indagatorias de la Fiscalía, de junio a noviembre de 2012 se transfirieron más de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana, dinero que supuestamente se utilizó para la compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares.